Fuente: El Economista
La batalla eléctrica española sigue generando tensión en Bruselas. Iberdrola, Endesa y EDP no están dispuestas a dejar pasar el decretazo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el que directamente se les confiscan 2.600 millones de euros y han decidido elevar sus quejas a los vicepresidentes de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y Margrethe Vestager, así como a la comisaria de Energía, Kadri Simson, en una carta de protesta que también suscriben los grandes fondos de infraestructuras y en la que solicitan que se de marcha atrás a la medida.
Los directivos de las eléctricas españolas y portuguesas -acompañados de los presidentes de las patronales- han endurecido el tono y alertan a Bruselas del riesgo de contagio de este tipo de actuaciones en otros países, lo que podría suponer una fractura del mercado interior de la energía. Por ello, reclaman que se negocie con el Gobierno español otro tipo de soluciones para la subida del precio de la electricidad que no alteren de este modo la seguridad jurídica.
Las compañías protestan porque la normativa aprobada por Real decreto-ley se ha realizado sin contar con un estudio de impacto económico, sin consulta pública, ni debate en el Parlamento y aseguran que no se ha tenido en cuenta que los presuntos beneficios resultantes de los precios del gas no son tales, ya que el 100% de la energía para este año la tienen vendida a precios inferiores a los que se están registrando en el mercado y el 75% de la energía del próximo año.
Para los grandes fondos de inversión y las eléctricas esta situación puede suponer un enorme riesgo para lograr garantizar las inversiones que Europa necesita para sus planes de descarbonización, uno de los principales objetivos de la Comisión Europea.
Por ese motivo, piden a Bruselas que estudie cómo proteger a los consumidores vulnerables con otro tipo de normativa (reducción de impuestos, aportaciones de los presupuestos, sistemas de cálculo de las tarifas) para solucionar el problema.
La carta que envían ahora los grandes fondos y las eléctricas protesta también por la ley del CO2 que se está tramitando en el Congreso.