El primer movimiento realizado por el recientemente nombrado secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, dirigido a sacar adelante las normas aún pendientes de aprobación del sector energético tiene por protagonista al carbón nacional. En concreto, la propuesta elaborada por su equipo sobre la resolución ministerial sobre las cantidades de cantidad nacional que deben quemarse en las centrales térmicas a partir de 2013, así como el precio regulado que percibirán en el mercado mayorista ya está siendo estudiada por la Comisión Nacional de Energía.
Este borrador ha levantado numerosas críticas por parte del bloque de las principales eléctricas españolas que, agrupadas en Unesa, han denunciado que el precio regulado que cobrarán sus instalaciones y que figura en el documento ahora en manos de los técnicos del regulador no incluye el coste de los nuevos impuestos al sector que entraron en vigor el 1 de enero. Esto es, no tiene en cuenta ni el conocido como “céntimo verde” al carbón (impuesto de hidrocarburos), ni el 7% que se aplicará a los ingresos generados por la actividad de generación eléctrica.
Según argumentan empresariales, entre los dos gravámenes suman un 14%, por lo que, teniendo en cuenta que el margen que tenían era del 8%, pierden el 6%. En volumen, esto se traducirá en 12 euros/MWh, explican los responsables de las empresas afectadas. Por otro lado, cabe apuntar que la resolución fija hasta el año en que dejará de tener vigencia la norma (2014) una reducción de la producción con este combustible autóctono del 20% (entre 2009 y 2012 se quemaron 20 millones de toneladas).
Sin embargo, aún hay más perjuicios económicos para las “utilities” nacionales en caso de que esta resolución se publique finalmente en el BOE. Esto será así porque además de generar por debajo de costes, las eléctricas consideran que este precio artificialmente dirigirá a la baja los precios del resto de las tecnologías en el pool (mercado mayorista), que es un mercado marginalista.
En caso de que esta normativa reciba el sí definitivo del Gobierno, las empresas podrán bien paralizar la producción en sus centrales de carbón, con el consecuente incumplimiento que supondría del RD que les obliga a ello, o bien acudir a los tribunales para denunciar la incongruencia entre un real decreto que establece que el precio regulado del carbón deberá recoger tanto los costes fijos como los variables y la normativa ahora propuesta por la Secretaría de Estado de Energía hasta 2014. «O se deroga el decreto o la resolución, tal y como está redactada, es incompatible», aseguran en el sector.
El RD que recoge el procedimiento de resolución de restricciones de garantías de suministro está vigente desde 2009 y su nacimiento se debe a la intención del anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar una solución a la crisis del carbón provocada por la caída de la demanda y por la escasa competitividad de este combustible. Cabe recordar que durante casi un año estuvieron almacenadas en las instalaciones de las centrales millones de toneladas de carbón.
Con la ley en la mano, una decena de centrales térmicas deberían quemar hasta 2012, a un precio regulado de 45 euros por MWh, los casi 10 millones de toneladas almacenados en estos momentos y los otros 10 millones que se extraerían después de las minas. Ello suponía consumir en tres años un 130% de la producción anual de carbón nacional. El lucro cesante para las tecnologías desplazadas, como el gas, se compensarían con pagos por capacidad.
Otra de las normativas aún pendiente de aprobación es la orden ministerial sobre los peajes de acceso a las redes para 2013. Este retraso dificulta la liquidación que mensualmente realiza la CNE a las empresas que reciben sus ingresos de los mismos, como es el caso de las distribuidoras, REE o las del régimen especial que reciben primas a la producción eléctrica.