El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no se plantea la posibilidad de alargar la vida de las centrales nucleares de los cuarenta a los sesenta años en la estrategia que está ultimando y que supone la revisión del “mix” energético español, según explicó ayer su titular, José Manuel Soria, quien también aseguró que el sistema energético nacional «no puede permitirse el lujo» de prescindir de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos).
En concreto, el portavoz gubernamental, que participó en un desayuno de trabajo en Burgos en el marco del programa “Los encuentros de Radio Televisión Española de Castilla y León», detalló que en la revisión únicamente se contemplarán los cambios de reparto del mix energético tanto de régimen general como especial, pero insistió en que, en este momento, no se va a revisar la duración de la vida útil de las nucleares.
Para Soria, es «una prioridad que continúe la actividad de la central nuclear de Garoña», lo que es «una cuestión en trámite», tras la solicitud de la propietaria (Nuclenor) para poder mantener la operación de la planta un año más, y tras la concesión por parte del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear de su beneplácito a dicha solicitud. Eso sí, su visto bueno —otorgado por tres votos a favor y dos en contra— está condicionado a que la instalación permanezca en parada segura y sin combustible en el reactor.
En este sentido, Soria subrayó que el Gobierno está «convencido» de que Garoña «no va a cerrar» y «tiene indicios» de que va a ser así, por lo que en este momento no se plantea una mayor inversión del Plan Reindus para la reindustrialización de la zona de influencia de la central burgalesa.
El responsable ministerial afirmó además que ni su cartera ni el Gobierno «van a modificar» la carga impositiva, lo que sirvió a Nuclenor como argumento para detener la actividad de Garoña en diciembre de 2012, «porque aunque no gustaron a las empresas del sector, son impuestos necesarios». Sin embargo, dejó abierta la puerta a que el Ministerio de Hacienda pueda «interpretar» el texto legal que fija esos impuestos.
Precisamente Nuclenor, propiedad de Endesa e Iberdrola al 50 %, se encuentra a la espera de la respuesta a una consulta que elevó a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda hace varios meses para saber si podía «estar exenta o ser objeto de reducción» de alguno o varios de los nuevos impuestos fijados por el Gobierno a finales de 2012.
Adicionalmente, el ministro avanzó que la Secretaría de Estado de Energía se encuentra realizando un análisis «exhaustivo» del informe que emitió el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ante la petición planteada por Nuclenor. Dicho informe, según Soria, servirá para determinar la postura del Gobierno, que «respetará lo que diga el CSN porque no tiene prejuicios a favor ni en contra de Garoña ni de la energía nuclear».
En este sentido, aclaró que si del análisis se deduce que Garoña cumple las condiciones medioambientales y de seguridad necesarias, el Gobierno autorizará su petición, «no solo por el ‘mix’ energético, sino por lo que supone para la economía, el empleo en su entorno y desde el punto de vista energético».
Soria concluyó que el sistema energético español «no puede permitirse el lujo» de prescindir de energía nuclear ya instalada y con una larga fase de amortización, siempre que se respeten las condiciones de seguridad.