El anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico no contempla la opción de que puedan generarse nuevos déficit de tarifa, aunque sí establece que, cuando por razones coyunturales se produzca algún desfase temporal entre ingresos y costes, este será financiado por los sujetos del sistema de liquidación, esto es, las empresas que reciben su retribución de las partidas de costes de los peajes de acceso.
Estas compañías no son otras que las cinco grandes eléctricas (EDP España, Endesa, E.ON España, Gas Natural Fenosa e Iberdrola), los titulares de instalaciones del régimen especial (renovables, cogeneraciones y gestión de residuos) y el gestor técnico del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España.
Tal y como recoge el borrador de la nueva ley, los desfases que tengan que financiar estas compañías serán devueltos por el Estado en el transcurso de los cinco años siguientes y los sujetos del sistema de liquidación recibirán a cambio un tipo de interés «en condiciones equivalentes a las del mercado», explica una información publicada en el diario Cinco Días.
Así, el artículo 19 del anteproyecto de ley que el Gobierno remitirá al Parlamento para su tramitación expone que el desajuste está sujeto a limitaciones y de ninguna manera será titulizado por el Estado, tal como ocurre con el sistema actual, vigente desde el año 2000 y que acumula un desfase superior a los 26 000 millones. Mientras el Tesoro prepara nuevas emisiones para colocar esta deuda, las grandes ‘utilities’ españolas asociadas a Unesa son las responsables de su financiación.
Cuando se apruebe definitivamente el anteproyecto, los desajustes anuales no podrán superar el 2,5 % de los ingresos del sistema estimados para el año (actualmente rondarían los 500 millones). Además, la deuda acumulada por los desajustes de años anteriores no podrán rebasar el 10 % de los ingresos estimados por el sistema para dicho año.
Hasta dicho límite legal, el desfase será financiado por las empresas siempre que el Gobierno no decida compensarlo con subidas de peajes. Eso sí, todo lo que supere el umbral permitido se pagará con subidas “automáticas” de las tarifas de acceso para cubrir la cuantía superada, como avanzó el viernes el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aclara la noticia del diario económico.
Las empresas financiarán los posibles déficits en proporción a sus derechos de cobro y recibirán un tipo de interés. En el caso de que se produzca un superávit, este se destinará a reducir la deuda de años anteriores.
Por otra parte, cabe mencionar que el Gobierno ha recogido en el anteproyecto la jurisprudencia según la cual, mientras sigan existiendo deudas pendientes (los citados 26 000 millones de euros), los peajes de acceso no podrán bajar. Además, recupera una norma derogada por el propio Ejecutivo actual al llegar al poder: los peajes se revisarán una vez al año y «cuando se produzcan circunstancias que afecten de modo relevante a los costes regulados».
Respecto a la revisión de las tarifas de acceso, el Real Decreto-ley 9/2013 de medidas urgentes para la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico que entró en vigor el pasado domingo, se establece que, «excepcionalmente», esta tarifa se podrá revisar con una periodicidad máxima trimestral en situaciones que impacten notablemente sobre los costes regulados.
Por el momento, esta norma de carácter urgente, que previsiblemente será convalidada por el Congreso de los Diputados, habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a publicar una orden ministerial que incluirá una subida de los peajes en agosto del 6,6 %, lo que se traducirá en un incremento medio de la factura de la electricidad del 3,2 %, medida con la que se prevé recaudar 900 millones de euros.