Las energías de régimen especial (renovables, residuos y cogeneración) han recibido desde 2008 un total de 32.730 millones de euros en concepto de primas, según las estadísticas sobre la retribución anual percibida por los titulares de instalaciones de producción acogidos a este tipo de régimen en España recientemente publicadas por los responsables de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Dichos datos cuentan con información actualizada hasta enero de 2013.
Tal y como se desprende del análisis de dichas cifras, los propietarios de centrales del régimen especial recibieron 3.374 millones de euros en 2008 en concepto de ayudas, mientras que en 2009 la cantidad aportada por el Gobierno se elevó a 6.173 millones, en 2010 alcanzó los 7.123 millones, en 2011 se situó en 6.805 millones y en 2012 se acercó a los 8.543 millones de euros. En el mes de enero de este año, las primas se cifraron en 708 millones de euros.
La información facilitada por el regulador del mercado energético nacional confirma que el Ejecutivo primó la totalidad de la energía vendida por estas tecnologías entre 2008 y 2011, hasta que se empezó a aplicar el Real Decreto 14/2010, que limita las primas a la producción mediante instalaciones fotovoltaicas y fija un recorte temporal para los años 2011, 2012 y 2013. Así, la energía primada en 2012 (101.146 GWh) es inferior a la vendida por estas tecnologías (102.581 GWh) dicho ejercicio.
En estos últimos seis años, la energía fotovoltaica fue la fuente que mayor cantidad de ayudas percibió, con un total de 11.339 millones de euros.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), Miguel Ángel Martínez-Aroca, acusa a los responsables del Ministerio de Industria (tanto actual como de los gobiernos anteriores) de ser los que provocaron la generación de estos costes elevados.
Según explica el directivo, se trata de un «error de previsión» de Industria que no fijó «coto alguno» a la instalación de energía fotovoltaica y, sin embargo, hizo un «llamamiento a la inversión».
Martínez-Aroca destaca que los recortes a las energías, en especial a la fotovoltaica, no son justos porque ellos no pidieron entrar en el sistema ni recibir prima alguna, sino que el Estado fue el que les «llamó» para invertir. No puede ser que ahora se les acuse de ser el «cáncer del sistema» cuando desde el Estado no se puso coto ni límite alguno.
El directivo asegura que ahora el Estado está acometiendo recortes a las primas que están provocando daños a los inversiones y ponen en riesgo la situación de las más de 55.000 familias que invirtieron en esta energía renovable amparándose en una decisión del Gobierno. Esta decisión condena a las «familias a la ruina», lamenta el responsable de la patronal, y todo porque no hubo nadie «que pusiera un límite», critica Martínez-Aroca.