Fuente: El Periódico de la Energía
El escándalo de la gran estafa consentida en el mercado eléctrico se ha desbocado. Ya son más de 200 millones de agujero que se ha creado en el sistema por culpa de pequeñas comercializadoras que se dedican a no comprar la electricidad suficiente para cubrir las necesidades de sus clientes.
Por poner un ejemplo. Esta cantidad es superior a lo que cuesta el bono social que en 2015 ascendió a 180 millones de euros. O lo que es lo mismo, representa el 1,5% aproximadamente de los costes del sistema.
Una estafa en toda regla que no es controlada ni por la CNMC ni el Ministerio de Industria y que encima sale excesivamente barata para los presuntos implicados.
Los afectados de este agujero en el sistema son principalmente los consumidores, que desconocen absolutamente lo que está sucediendo en el complejo mercado eléctrico.
Pero también el resto de comercializadoras eléctricas e incluso algunas centrales de generación que se ven perjudicadas porque estas compañías no cumplen sus obligaciones de acudir al mercado y se vuelcan en adquirir electricidad en los mercados de ajuste.
Es por ello que las compañías afectadas por este escándalo empiezan a preocuparse y exigen al Ministerio más mano dura contra estas compañías que no hacen otra cosa que desestabilizar el mercado eléctrico.
Fuentes del sector explican que la actual normativa es demasiado permisiva con estas actuaciones. “Se actúa tarde y mal contra esta gente, y no puede ser”.
Empresas como Comercial Eólica Suministros de Energía, Electro Soporte Comercial y Gestión, Electrourbano, Euroenergía de Levante, Europa Global Energy, Comercializadora Energética Mediterránea, Eléctrica Renovables Más 3, etc.
Todas ellas incumplen varias normativas del mercado eléctrico como el incumplimiento de no adquirir la electricidad suficiente para cubrir las necesidades de sus clientes y tampoco cubrir con las garantías estas diferencias de electricidad no comprada.
Al final, se dedican a estafar presuntamente al mercado, los consumidores y todo lo que se ponga por delante.
El problema viene que cuando los organismos sancionadores, CNMC y Ministerio, se ponen a actuar es demasiado tarde. Han pasado en algunos casos hasta dos años desde que el ooperador del sistema, Red Eléctrica les avisara de los hechos, y claro, el agujero va in crescendo y “encima luego las sanciones son ridículas”, dicen fuentes del mercado.
En el peor de los casos ha habido sanciones de hasta un millón y medio por parte de la CNMC y en el caso de Industria, lo que se hace es inhabilitar a esta comercializadora, prohibirla acudir al mercado y traspasar su clientela a otra comercializadora de referencia, es decir, una de las cinco grandes.
Cuando llega la inhabilitación por parte de Industria, en algunos casos, esos clientes ya no están en esa comercializadora, sino que se han ido a otra con la que están haciendo otra vez lo mismo. Y así una detrás de otra. Si se fijan en los nombres de las comercializadoras verán que guardan alguna relación con la región levantina o la palabra euro sale por algún lado.
Lo peor de todo es que en Industria son conocedores de los hechos. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno a este diario, pero no se ha hecho absolutamente nada contra estas actuaciones que son constantes en los tres últimos años.
El resto del mercado ha dicho basta y quiere explicaciones de lo que está sucediendo y que se ponga fin de una vez por todas a este escándalo.