FUENTE: Pedro Linares en El Periódico de la Energía
Decía el otro día que el sistema establecido por el Gobierno para que las empresas cumplan con la obligación de ahorrar energía establecida por la Directiva Europea de Eficiencia Energética tenía dos problemas: uno, la cuantía del pago; y dos, el destino de los fondos. Vamos por partes.
La cuantía del pago se establece en casi 790.000 euros por tep (tonelada equivalente de petróleo) ahorrada, o 67.916 euros por GWh. Hay dos maneras de analizar este numerito. Primero, compararlo con lo que cuesta producir energía (hablo de producir, no de precios al consumidor). El MWh eléctrico está a 50 euros/MWh. El gas natural, a 20 euros/MWh, y las gasolinas y gasóleos en unos 60 euros/MWh. Si tomamos las cuotas de cada tipo de vector energético en el año 2013, el precio medio ponderado (haciendo simplificaciones grandes) sale alrededor de los 45 euros el MWh.
Si los beneficios del ahorro y la eficiencia energética son, entre otros, permitirnos no consumir energía, lo lógico es que lo hagamos sólo mientras sea más barato que producir energía. Siempre se puede argumentar que hay fallos de mercado y barreras que impiden que se consiga la eficiencia energética óptima, y que por tanto puede ser necesario pagar algo más por ella. Pero se me antoja grande la diferencia, casi el doble…¿de verdad es tan caro esto de la eficiencia?
Yo creo que no. Si miramos el informe que realizamos desde Economics for Energy hace unos años, vemos que hay un potencial enorme de ahorro de energía muy por debajo de los dichosos 68 euros por MWh (de hecho, también hay mucho potencial a coste negativo). Desde luego, para conseguir un ahorro de un 1,5% de la energía consumida en España no haría falta pagar 68 euros/MWh, sino bastante menos, porque este ahorro traería también retornos económicos que compensarían más que de sobra la inversión a realizar.
Aquí creo que está la clave del problema de la medida del Gobierno, y la razón para que las empresas se quejen: resulta que las empresas tienen que pagar por muchas inversiones que deberían ser rentables en sí mismas, y en todo caso deberían ser más baratas que esa contribución que se les exige. De hecho, algunas podría encontrar estas oportunidades más baratas de ahorrar incluso dentro de la propia empresa, y sin embargo no se les permite contabilizarlas.
Entonces, ¿qué se va a hacer con todo este dinero extra?¿Promover mucha más eficiencia de la necesaria?¿Seguir subvencionando actuaciones que no necesitan subsidios?¿Reducir el déficit de tarifa?
Además, cuando uno mira cómo se han gestionado tradicionalmente este tipo de fondos no hay mucho lugar para el optimismo: en lugar de asignar estos fondos de forma competitiva, y evaluando bien los ahorros conseguidos, los fondos se han colocado mediante subvenciones estándar, y lo único que se ha evaluado es si los fondos se habían ejecutado o no, independientemente de que ahorraran. Y eso por no hablar de los cambalaches requeridos para distribuir el dinero por comunidades autónomas…
Si a un mecanismo de reparto de fondos cuestionable ahora lo único que hacemos es echarle más dinero encima, permítanme que cuestione la eficiencia de un sistema que podría haber sido bueno. Más bien me temo que, otra vez, y por culpa de un mal diseño de los detalles, acabaremos tirando el dinero de todos. En estas circunstancias, ya no tengo claro si realmente este sistema del Fondo Nacional de Eficiencia es la mejor solución, o si mejor volvemos a obligaciones de reducción a secas…¿Cuándo conseguiremos una regulación apropiada?