FUENTE: Cinco Días
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha pedido al Ministerio de Industria que fije un calendario para la convocatoria de la subasta de 700 MW de potencia renovable (500 MW eólicos y 200 MW de biomasa) establecida en sendos borradores de real decreto y de orden ministerial que tramita la CNMC. Precisamente, la AEE ha realizado esta petición en las alegaciones presentadas ante el organismo regulador a dichas propuestas normativas.
Además de este calendario, las empresas del sector piden otro para futuras subastas de la potencia renovable hasta el año 2020, que lleve al cumplimiento de los objetivos medioambientales de la UE para ese año. El último borrador de la nueva planificación energética establece un rango de entre 6.617 y 8.537 MW, que en su mayor parte, serán eólicos, entre 4.553 y 6.473 MW.
Una vez adjudicadas las subastas, solicita que se hagan públicos los datos de las misma, tales como participantes, cantidades de potencia ofertadas y ofertas ganadoras. También -añade esta asociación- que se definan claramente las circunstancias por las que una subasta se pueda cancelar.
Respecto a las condiciones de la iniciativa que por sorpresa lanzó hace varias semanas el ministerio, las eólicas consideran que el capex (inversión inicial) que se plantea es inferior al de la orden de parámetros de junio de 2014, que desarrolla el nuevo sistema de incentivos de las renovables que sustituyó a las antiguas primas.
Asimismo, la AEE reitera que el problema de la subasta de nueva potencia o de renovación de antiguos aerogeneradores es que al mantenerse el modelo introducido por el nuevo sistema retributivo, que permite modificar las condiciones económicas cada seis años, “los inversores que se planteen instalar nueva potencia eólica desconocerían la rentabilidad de sus proyectos más allá de los primeros años. Las condiciones para las instalaciones ganadoras de la nueva subasta podrían modificarse en 2020.
Esta alegación se repite también en los escritos presentados en la CNMC por las empresas del sector a título individual. Una de ellas recuerda que los proyectos ganadores (estos competirían en la subasta en función del valor de inversión ofertado y, subsidiariamente, en la retriubución a la inversión percibida), se regirían por el nuevo marco retributivo de parámetros.
Todos ellos se revisarán parcialmente cada tres años (semiperiodo regulatorio) y de forma total cada seis años. En ese plazo se revisaría precisamente la llamada rentabilidad razonable, que la ley establece ahora en el 7,503% para nuevos proyectos. Por tanto, alega la citada compañía, “es imposible establecer cualquier mínima previsión de rentabilidad de los proyectos, generando una incertidumbre que haría inviable cualquier proceso de asignación”.
En el sector consideran que, teniendo en cuenta los diferentes modelos de subastas de potencia renovables que se han realizado en otros países, el de España “sería el único caso en todo el mundo que no aseguraría, no ya una rentabilidad, sino una retribución previsible a lo largo de la vida útil de proyecto”.
Respecto a los mecanismos de regularización de ingresos por ajuste de precios de mercado prevista en el real decreto de renovables de 2014, se propone su modificación aprovechando la futura subasta. Concretamente, que se cambien los límites inferiores previstos y sustituirlos por la obligación de reconocer “la diferencia íntegra positiva en su caso resultante de hallar la retribución específica [incentivo] conforme al precio de mercado respecto a la que se la reconocido a partir del precio estimado”.
No solo para renovar molinos
Las compañías del sector eólico consideran insuficientes los 500 MW de potencia que el Ministerio de Industria quiere subastar, en fecha aún por decidir, para cumplir con los objetivos de energías renovables de la UE para 2020 y los de la planificación nacional en proceso de elaboración. Además, consideran que los nuevos megavatios no deben centrarse en la repotenciación de los antiguos aerogeneradores.
La propuesta de real decreto sobre la subasta señala que el objeto de la convocatoria se centra en el fomento de la repotenciación, “ya que existe un contingente importante de instalaciones en zonas con elevado recurso eólico cuya renovación podría suponer un incremento significativo de la energía producida”. Algunas compañías productoras consideran, sin embargo, que si la subasta se cubre con proyectos de repotenciación y no con nuevos emplazamientos, el impacto en los objetivos de la planificación se vería minorada, “pues habría que restar la capacidad reemplazada, dando lugar a una menor capacidad neta”, señalan.
Pese a las críticas, no faltan empresas dispuestas a acudir a la subasta. Recientemente, el consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, la consideró una oportunidad para desbloquear algunos concursos autonómicos, como el catalán, bloqueados por la moratoria al cobro de primas aprobada por el Gobierno en 2012.