Fuente: Cinco Días
La subasta para asignar el servicio de gestión de la demanda de interrumpiblidad se celebrará entre los días 14 y 18 de noviembre, según la resolución publicada por la Secretaría de Estado de Energía en el BOE. El resultado de la subasta, a la que acuden los grandes instalaciones industriales para lograr un precio más bajo de la electricidad a cambio de que se le pueda cortar el suministro en el caso de que el operador del sistema lo necesite, estará vigente para el ejercicio de 2017. Las condiciones ya han sido visadas por REEy la CNMC.
En la puja del próximo noviembre se subastan dos productos diferentes: uno de 5 MW (o bloques de reducción de la demanda de 5 MW) y otro de 90 MW (bloques de reducción de la demanda de 90 MW, con muy alta disponibilidad). Esto supone que la potencia interrumpible se dividirá en bloques con esas potencias, que se subastarán de manera independiente con un precio de partida independiente.
En otras palabras, se trata de adjudicar este servicio al que esté dispuesto a aceptar un recorte menor del precio de la energía. El coste para el resto de consumidores eléctricos (que son los que asumen los descuentos a la industria) será de algo más de 500 millones de euros, que pagan en el término de energía de su factura eléctrica.
Según la resolución de Industria, se subastarán entre 1.430 y 1.970 MW de producto de 5 MW, con un precio de salida de 160.000 euros el MW, y entre 630 y 1.170 MW de producto de 90 MW, con un precio de salida de 310.000 euros el MW.
Las empresas han reclamado reiteradamente que la subasta se realice con una duración superior al año, lo que les daría mayor visibilidad sobre los ingresos por este concepto, que supone casi la mitad de sus costes de producción.
Bajo la lupa
La Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre los incentivos al sector eléctrico a cambio de garantizar el suministro. Se trata de los llamados pagos por capacidad (que solo cobran ya las centrales de gas), que podrían ser considerados ayudas de Estado. Aunque en el caso de la interrumpibilidad el beneficio no es para el sector eléctrico sino para la industria, también está bajo la lupa de Bruselas. Para evitar problemas, el Gobierno cambió el mecanismo de adjudicación (a dedo)por otro de subastas. Sin embargo, el cliente no se ahorra nada pues el coste es el mismo: 500 millones.