Fuente: El Periódico de la Energía
El último Consejo de Ministros les dejó la miel en la boca a la industria electrointensiva, al no haber podido llegar a tiempo para aprobar el tan deseado Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Sin embargo, el viernes previo a las elecciones generales, el Ministerio de Industria aseguró que las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 se elevarían finalmente a los 200 millones de euros y que se aprobarían por el Gobierno en funciones en las próximas semanas. Visto el resultados de los comicios, nada hace presagiar que no sea así.
Esto supondrá una mejora en la cuenta de resultados de la industria electrointensiva que llevan varios años quejándose del elevado coste energétic. Gracias a estas ayudas obtendrán una compensación por la parte de sobrecoste del precio del mercado mayorista que sufren por las tecnologías de carbón o gas que son las que marcan precio.
Pero ¿de dónde va a salir esa partida? En opinión de Javier Colón, socio de la consultora Neuro Energía y experto en mercado eléctrico, “los ingresos de CO2 tienen varios destinos, pero como estos ingresos se ha elevado tal vez puedan destinar esa cantidad a esas ayudas de esta forma excepcional”.
Sin embargo, para la gran industria este anuncio no es una medalla que deba ponerse este gobierno, “los 200 millones de euros que ha anunciado es el importe autorizado por resolución de la Comisión Europea” señalan fuentes de la industria electrointensiva, “las directrices europeas cuentan con una fórmula para calcular este importe máximo, donde cabe decir que la fórmula de España no es tan ventajosa como la alemana o la francesa al considerarse que en España puede haber menor emisiones en la generación debido al mix energético”.
Además, señalan que “estas ayudas están limitadas al 75% de los costes indirectos que sufrimos. Actualmente, el coste de las emisiones en nuestro país ya alcanzan en torno al 20% del coste total mayorista de la energía eléctrica”.
La realidad es que “ha aumentado el coste de las emisiones de 5 a 25 €/EUA lo que significa que la electricidad se ha encarecido en toda la Unión Europea considerablemente (para todos)”, añaden las fuentes del sector, “y los sectores en fuga de carbono (carbon leakage) acaban pagando el 25% restante que no tienen otros terceros países que no tienen estas restricciones de coste por cambio climático”.
Precisamente ésa es una de las razones que el sector esgrime cuando alguna de las empresas del sector anuncia cierres de plantas o deslocalización en Europa. Aunque según un informe recién presentado por Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change y ESCP Europe Business School, en el que se examinaba el efecto del Comercio de Emisiones de CO2 de la UE en las decisiones de las multinacionales alemanas de cara a sus inversiones en el extranjero, señala que solo un número comparativamente pequeño de empresas ha cambiado parte de su producción a países no pertenecientes a la UE-ETS, y que “son más bien firmas con una escasez de derechos que operan en sectores liberalizados, lo que indica un potencial limitado de fugas de emisiones inducidas por la política”.
Aún así, el sector industrial entiende que el precio que se está pagando por los derechos de emisión y por el coste de la energía sigue siendo muy elevado en España, y desde hace años llevan reclamando las grandes diferencias que existen con sus homólogos francés y alemán.
“Lo que ha ocurrido es que no se han compensado totalmente los costes indirectos del año 2017 (se han repartido 6 millones cuando la Comisión Europea había autorizado 90 millones”, y sus competidores sí recibieron esas ayudas, porque sus respectivos gobiernos lo aprobaron, “y aunque ahora sí podemos decir que nuestro país compensará totalmente estos sobrecostes indirectos, el gobierno español se ha ahorrado los de 2017”.
Y no solo los del 2017, la diferencia comparativa se lleva arrastrando durante años y no solo por el pago de las ayudas compensatorias. “Alemania y Francia llevan años (Alemania desde 2005 y Francia desde 2016) aplicando otros mecanismos adicionales, como la reducción de los peajes en la factura eléctrica, no tienen la fiscalidad abusiva de la Ley 15/2012, la exención del impuesto especial o la tarifa ARENH, que les ha permitido mejorar la competitividad de su industria electrointensiva”, a diferencia de la española.
Sin embargo, es posible reconducir la situación. Al igual que en años anteriores se hizo una compensación complementaria para abonar los retrasos, se puede hacer lo mismo ahora. “Pese a que mientras tanto la industria paga esos sobrecoges indirectos mensualmente en la factura eléctrica”, han concluido las fuentes.