Fuente: Cinco Días
Un olor nauseabundo invade el lugar. Huele a gas, a metano, a podrido, en un entorno paradójicamente limpio y rodeado de árboles, pero con unas entrañas muy sucias. Se trata de la planta de La Paloma, enclavada en la Cañada Real, uno de los cinco centros de separación, clasificación y tratamiento de residuos que conforman el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En total, recibe 3.200 toneladas diarias de basura urbana madrileña y recupera apenas unas 70.000 toneladas anuales, según los últimos datos de 2014 de la entidad.
Un servicio muy costoso e ineficiente aún en origen, es decir, en los hogares, porque “todo lo que entra no es aprovechable”, a juicio de José Luis Cifuentes, portavoz del complejo. Estas declaraciones se produjeron en una visita de prensa a dicha planta, organizada por la Asociación de Latas de Bebidas, para conocer todo el proceso, desde la recepción de los camiones de basura hasta el reciclaje.
El sistema integrado de gestión, que administra Ecoembes, cuesta unos 400 millones de euros al año: unos 70 millones van al tratamiento; otros 110, a la recogida, y solo la limpieza se lleva cerca de 200 millones. A esto se suma que el 45% de los envases está mal depositado, revela Cifuentes, por lo que muchos acaban en el vertedero.
Con la descomposición de la materia orgánica se produce biogás (34 millones de metros cúbicos) que se inyecta a la red de Enagás, y los rechazos o materia inorgánica calorífica van a una planta térmica que produce 110 megavatios/hora al año; el resto, al vertedero, cuya explotación se calcula durará hasta 2025. Esa venta de energía cubre apenas el 45% de los gastos, señala Cifuentes.
De ahí que resurja el debate sobre el pago por contaminación, que recaería directamente sobre el ciudadano como ocurre en Alemania; de una separación más rigurosa, incorporando otro contenedor, el marrón, únicamente para restos orgánicos, o el sistema de depósito, devolución y retorno de los envases de un solo uso (SDDR), que funciona en Alemania, Dinamarca o Finlandia.
Y salta la necesidad de elevar los esfuerzos en educación, porque muchas veces el usuario desconoce a qué contenedor, sea amarillo (latas, envases, briks), azul (papel y cartón) o verde (vidrio), va el material.
En el caso de los metales, la Comisión Europea plantea en la directiva de economía circular clasificar por separado el acero y el aluminio. Una medida a la que se opone la Asociación de Latas de Bebidas, al igual que a la de retorno.
En primer lugar, porque consideran que la tasa de reciclaje de los envases metálicos es ya elevada (en el 83%), incluso por encima de la meta europea del 80% en 2020, y por ser un “recurso inagotable que, una vez utilizado, se puede convertir en el mismo o distinto producto”, defienden en la patronal.
La recuperación del acero y el aluminio se efectúa a través de la fragmentación y separación magnética y la incineración. Lo que garantiza prácticamente el 100% de su reutilización, aducen. Aunque la recogida selectiva tiene menor impacto medioambiental que la quema del metal.
En segundo lugar, argumentan que la implantación de otro sistema, el de devolución de envases, implica unos costes innecesarios. La entidad lo cifra en 900 millones de euros al año, además de 720 millones para su establecimiento, que se suman a los 400 millones actuales del sistema integrado. Y alertan de una subida de entre el 8% y el 35% en el precio de las bebidas enlatadas para poder cubrir el gasto de reciclaje, que pasaría de los 0,2 céntimos de euro a 6.
Sin embargo, hace tres años se llevó a cabo con éxito un proyecto piloto en Cadaqués, Girona (2,9 millones de kilogramos de residuos en ese entonces), mediante el cual el consumidor abonaba cinco céntimos adicionales por cada lata o botella de bebida adquirida en un comercio y que recuperaba al devolverlo.
Esta aportación fue suficiente para garantizar el retorno de entre el 70% y el 90% de los envases, mejorar la limpieza, aumentar la recogida selectiva y reducir el gasto municipal, apunta un estudio de la ONG Retorna, que agrupa a recicladoras, ONG ambientalistas, sindicatos y asociaciones de consumidores.
Y es una de las principales instituciones sin ánimo de lucro que apoya (y recoge firmas) esta iniciativa. La entidad calcula que se puede evitar el vertido, incineración o abandono de 28 millones de envases de bebidas diarios si se implanta esta fórmula, que se usaba en los ochenta, pero con el vidrio.