Fuente: El Economista
El sector de la biomasa se siente maltratado. No entiende por qué una tecnología renovable, gestionable al cien por cien, y que ha demostrado en diversos foros, en los últimos años, los múltiples beneficios económicos, medioambientales y sociales que aporta al país, no cuenta con un mayor apoyo por parte del Gobierno. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Energía
La frustración de este sector comenzó con la moratoria de 2012, que dejó en la cuneta muchos proyectos de biomasa -algunos de ellos a punto de conectarse a la red- al no estar dados de alta en el registro de preasignación y dejando en una situación crítica a muchas empresas con importantes inversiones realizadas.
Para acabar con la «situación de discriminación» en la que el sector considera estar inmerso, Appa Biomasa trabaja para conseguir del Gobierno un cambio radical en algunos aspectos que considera básicos para que la biomasa «ocupe, de una vez, el lugar que se merece en el mix energético nacional».
Una de las peticiones del sector es eliminar la actual limitación de horas de producción con derecho a percibir retribución a la operación -fijada, desde junio de 2014, en 6.500 horas anuales-, y que se retribuyan todas las horas de producción. «Podemos llegar a producir hasta 8.300 horas y, sin embargo, todo lo que se produce desde las 6.500 horas hasta las 8.300 no tiene retribución, cuando para producir esas horas necesitamos un combustible, es decir, que esa diferencia de horas no las producimos gratis, sino que tenemos que comprar biomasa para producirlas», afirma Margarita de Gregorio, directora de Appa Biomasa.
«Lo paradójico de todo esto -explica de Gregorio-, es que la cogeneración, que es un negocio muy parecido al nuestro, no tiene esa limitación, por lo que cogenerar con gas es mucho más rentable hoy en día que cogenerar con biomasa, algo que atenta contra los compromisos adquiridos en París y el camino hacia la transición energética marcado por el uso de fuentes renovables».
Aunque el sector lleva tiempo haciendo esta petición, se muestran esperanzados de que esta vez pueda llegar a buen puerto. El principal problema es el coste que tendría para el sistema, lo que podría complicar algo más la situación. «Ahora mismo estamos analizando cuál podría ser este coste. Hemos contratado a una consultora para que los datos que aportemos al Ministerio estén avalados por un agente externo. Nos gustaría que el informe estuviese listo en septiembre», explica de Gregorio.
No obstante, indican desde la asociación, de salir adelante esta petición, «debería ser aprobada antes de 2019, año en que toca revisar los parámetros retributivos para 2020, para que pudiera ser útil y computar para llegar al objetivo renovable».
Otra de las peticiones del sector es la convocatoria de subastas específicas para biomasa, tal y como sucedió en la primera -celebrada en enero del año pasado y en la que se adjudicaron 200 megavatios a esta tecnología-, ya que la neutralidad tecnológica planteada en las subastas de mayo y julio «en realidad no es tal, pues ambas excluyen a la biomasa al no contemplar tecnologías renovables con costes de combustible», explica la directora de Appa Biomasa.
En esta primera subasta solo se han ofertado instalaciones de los grupos b.6 y b.8 (biomasas agrícolas y forestales), mientras que otros ámbitos de la biomasa, como el biogás (b7) y la fracción orgánica de los residuos municipales (grupo c1), no han sido considerados. En opinión de la asociación, «las subastas tienen que ir dando entrada a otras fuentes de biomasa para conseguir un mix energético renovable equilibrado entre tecnologías gestionables y no gestionables».
Entrada en los mecanismos de capacidad
La entrada de la biomasa como energía de carga base para el sistema es otra de las peticiones que el sector de la biomasa quiere hacer al Gobierno al entender que la biomasa es una tecnología clave para la transición energética hacia un modelo descarbonizado y como respaldo de las energías renovables no gestionables para garantizar el suministro.
Desde Appa Biomasa quieren dejar claro que «la entrada de energía renovable interrumpible debe respaldarse con energía renovable ininterrumpible o gestionable, por lo que no estamos de acuerdo en construir nuevas infraestructuras alimentadas con gas. No debemos olvidar que el gas es un hidrocarburo y, en el escenario de descarbonización actual, no puede convertirse en sustituto de las tecnologías renovables gestionables como garantes de las no gestionables».
Hace dos años la Comisión Europea inició una investigación para revisar los mecanismos de capacidad utilizados en algunos Estados miembro, entre ellos España, y ha hecho una serie de recomendaciones que tienen que poner en práctica. Estos cambios en los mecanismos de capacidad se han introducido en el Paquete de Invierno -Winter Package- publicado por la Comisión a finales de 2016.
A nivel nacional, es la CNMC la que se está encargando de estudiar este asunto. «Nosotros queremos estar ahí y que nos tengan en cuenta como energía renovable gestionable que somos, ya que la biomasa, hoy en día, está perfectamente capacitada para aportar estabilidad al sistema, porque tenemos el recurso y podemos controlar cuándo producimos y cuándo dejamos de producir». La asociación tiene pendiente una reunión con la CNMC «para trabajar conjuntamente en ello».
El aprovechamiento de las biomasas de todo tipo existentes en España, recuerda la asociación, «contribuiría a utilizar nuestros recursos de una manera más inteligente y sostenible y a cerrar el círculo de los ciclos de vida de los mismos, aportando beneficios tanto a la economía como al medio ambiente pues, además de sustituir a combustibles fósiles, la valorización de biomasas ahorra ingentes toneladas de CO2 y metano, mitigando el cambio climático».
De Gregorio añade «la biomasa debe considerarse un elemento clave para conseguir los objetivos de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, por lo que desde Appa Biomasa estamos contribuyendo activamente a la elaboración de esta nueva Ley».