Fuente: El Economista
Hace 15 años el sector eléctrico comenzó a vivir un calvario que, con el paso de los años, ha salpicado prácticamente a todos; no solo a las empresas, sino también al consumidor, que está pagando -y nunca mejor dicho- sus nefastas consecuencias. Hablamos del déficit de tarifa -la diferencia entre los costes reconocidos a las empresas del sector eléctrico y los ingresos regulados-, que aparecía por primera vez en el año 2000 por valor de 250 millones de euros y que fue creciendo desmesuradamente hasta superar, en el año 2013, los 40.000 millones de euros acumulados, de los que cerca de 20.000 millones, es decir, el 45 por ciento del total, se generó antes de julio de 2009.
El aumento del déficit ha provocado una importante deuda que los consumidores actuales están pagando con cargo en el recibo de la luz y que, a 31 de diciembre de 2015, tenía un saldo vivo de 25.057 millones de euros
-el 2,5 por ciento del PIB-. De la cifra total, 19.833 millones de euros corresponden al Fade -Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico-, un mecanismo creado por el Estado en el año 2011; 2.112 millones de euros corresponden a los déficits de 2005, 2006 y 2007; y los 2.112 millones de euros restantes corresponden al déficit de 2013.
A día de hoy, el pago anual de la deuda eléctrica -que comenzó a pagarse en 2002 y que deberá estar saldada el 31 de diciembre de 2028- está en el entorno de los 3.000 millones de euros, de los que cerca de 2.000 millones se destinan a amortización y, poco más de 1.000 millones de euros, representan los intereses.
El año 2014 es el primero desde el año 2000 en el que no ha habido déficit tarifario; de hecho, se ha producido un exceso de 550,3 millones de euros, con lo cual el déficit no ha aumentado.
El problema, ha explicado a elEconomista Energía Jorge Morales de Labra, especialista en el sector energético y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, ?es que aún no tenemos establecida la metodología para destinar dónde va a ir este dinero. La realidad es que hay algo más de 550 millones de euros en la caja que no están generando intereses y, sin embargo, se están pagando intereses por las emisiones de deuda que ha hecho el Fade?.
Aunque no se sabe cuándo podría ver la luz, lo cierto es que el Gobierno se encuentra preparando una nueva normativa para reducir parte de la deuda eléctrica contraída. Lo normal, apunta Morales, ?sería reducir la parte de la deuda que tenga un mayor tipo de interés siempre que no haya penalización por amortización anticipada. Lo que no tiene sentido es que ese dinero esté bloqueado en una cuenta de la CNMC y no se estén reduciendo intereses de cobro?.
Según Morales, ?esta situación se tenía que haber previsto desde el momento en que se estimó que iba a haber superávit de tarifa en 2014, algo que se podía haber hecho durante 2015. Si a esto le añadimos la situación de inestabilidad que supone el que aún no tengamos un Gobierno, estoy seguro de que el dinero va a estar dormido más de un año mientras seguimos pagando intereses?. Las previsiones para 2015 apuntan que se producirá un exceso de recaudación -de unos 364 millones de euros-, que evitarán que el déficit aumente.
¿Cuánto paga el consumidor en el recibo de la luz?
El único dato que tenemos claro es que la financiación de la deuda eléctrica supone entre el 7 y el 8 por ciento del coste total del sistema._Sin embargo, no podemos saber a cuánto asciende el importe que paga el consumidor, porque no hay una imputación por categoría tarifaria de los costes eléctricos, ya que el recibo viene desglosado en la parte que se paga por la energía, pero sobre la parte que tiene que ver con la tarifa de acceso no se sabe qué cantidad se está destinando a cada concepto.
Según afirma Jorge Morales, ?los consumidores domésticos pagan muchos más peajes que los consumidores industriales y, por tanto, los primeros tienen en su factura un peso muy superior de déficit de tarifa que la que tienen los consumidores industriales. Y este es un tema muy grave cuando lo pones en relación, sobre todo si tenemos en cuenta que, como ya se ha apuntado, el 45 por ciento del déficit de tarifa se generó antes de julio de 2009 por la elevada subida de los precios del pool, no por las desviaciones en los peajes?.
Lo primero que habría que hacer, explica Morales, ?es una auditoría de costes para comprobar si realmente se deben los 25.000 millones que tenemos de deuda. La forma correcta de imputar el déficit de tarifa sería ver quién lo ha generado, pero eso es imposible; aunque imputárselo al consumidor doméstico a través de los peajes, que es lo que se está haciendo ahora, es una auténtica chapuza?.
?Así que, ya puestos a hacer chapuzas -añade el representante de la Plataforma-, lo mejor sería sacarlo a los Presupuestos Generales del Estado, porque la responsabilidad de esta hipoteca es del Gobierno y esto sería, desde mi punto de vista, más equitativo, porque la deuda se repartiría en función de la renta. Sin embargo, tal y como están las cosas, me temo que en 2016 no vamos a ver una solución a este problema?.
Modalidades de pago
A lo largo de estos años, los diferentes Gobiernos han aprobado varias normativas con medidas para contener el déficit, pero con escaso resultado. Las compañías eléctricas integradas en Unesa estaban obligadas a financiar transitoriamente el déficit de la tarifa eléctrica, aunque obviamente con un reconocimiento explícito a su derecho a recuperarlo.
El problema es que el déficit tarifario, que se encuentra incluido en el balance de estas empresas, impactaba directamente en el incremento de su endeudamiento, por lo cual perjudicaba su posición en los mercados y, por lo tanto, su capacidad para financiar las inversiones asociadas a las actividades eléctricas; por todo ello, las compañías exigieron que se sacara de sus balances.
En este sentido, ¿cómo se ha ido financiando el déficit?. Fuentes del sector consultadas han comentado a elEconomista Energía que la primera modalidad de pago comenzó con la aprobación del RD 1634/2006, que establecía su financiación con los ingresos obtenidos mediante la celebración de subastas ex ante -gestionadas por la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE)-, en las que los agentes jurídicos previamente inscritos en el registro de la subasta adquirían el derecho de cobro de una parte de las cantidades recaudadas con la tarifa integral y los peajes en un período máximo de 15 años. En 2005 se subastaron unos 4.000 M? y en 2006 unos 3.000 millones. El problema fue que en 2007 comenzó la crisis financiera y la subasta quedó prácticamente desierta, entrando una cantidad muy pequeña.
La segunda modalidad, según las mismas fuentes, se produce con la aprobación del RDL 6/2009 que, entre otras cuestiones, establece que las empresas eléctricas no tendrán la obligación de asumir el déficit en sus cuentas y fija la eliminación definitiva del déficit en el año 2013, de manera que los ingresos en ese año sean suficientes para cubrir los costes mediante un período transitorio.
Estos límites no se fueron cumpliendo, sin embargo el mecanismo que se articuló sí que comenzó a funcionar, el llamado Fade -Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico-, donde se concentraron todas las cantidades pendientes del déficit de tarifa -unos 22.000 millones de euros- y que ha ido sacando mediante la emisión de instrumentos financieros para la colocación de la deuda a terceros, con el aval del Estado -hasta la fecha ha realizado 45 emisiones de deuda-, con una vigencia máxima de 15 años.
La tercera modalidad, comentan dichas fuentes, surge en el año 2013, en el que, como acabamos de comentar, estaba previsto que no hubiera déficit o que fuera cero, y como el programa del Fade ya no cubría este tipo de activos, el Gobierno decide instrumentar otro mecanismo que consiste en una titulización ex profeso a quince años del déficit correspondiente a 2013 -unos 3.600 millones de euros-.
En diciembre de 2014, las eléctricas de Unesa celebraron una subasta donde trasladaron -cada una en el porcentaje correspondiente- los derechos de cobro del déficit de tarifa a diversos agentes financieros, cuya regulación aparece recogida en el RD 1054/2014, normativa donde también se establece la metodología de cálculo del tipo de interés que devengarán los derechos de cobro de dicho déficit, así como los desajustes temporales negativos posteriores que, a partir de ese momento, serán financiados por todos los operadores del sector.