Fuente: Cinco Días
Para sorpresa de las compañías eléctricas, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un incremento del canon por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica del 22% al 25,5%. Esta subida inesperada figura en una disposición transitoria del Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en determinadas cuencas hidrográficas que modifica la Ley de Aguas, que entró en vigor el lunes.
Desde ese día, las eléctricas pagarán el citado tipo del 25,5%, lo que supondrá un coste añadido para el sector, principalmente para Iberdrola, de 35 millones de euros. la recaudación ronda ahora los 200 millones
Este canon se suma a los tributos creados en el marco de la reforma eléctrica (el más importante el del 7% a la generación) cuya recaudación se destina al sistema eléctrico. Unos ingresos de algo más de 2.700 millones de euros que se destinaron para eliminar, junto a los fuertes recortes a las renovables, del déficit de tarifa.
La base imponible del canon se aplica al valor de la energía hidroeléctrica producida (o retribución total por la energía incorporada al sistema eléctrico en un año) en las cuencas de ríos que atraviesan más de una comunidad autónoma. Este tributo se reduce un 90% para las instalaciones de menos de 50 MW, como es el caso de Acciona, o para bombeo de más de 50 MW.
Aunque su recaudación debe ser destinada a la protección y mejora del dominio público hidráulico, al tratarse de un impuesto medioambiental tiene naturaleza extrapresupuestaria, por lo que los Presupuestos del Estado deben destinar una cantidad equivalente, en este caso, para financiar el sistema eléctrico.
La decisión del Gobierno ha sorprendido a las empresas, que dicen que esta subida no tiene sentido, “ya que el déficit de tarifa está controlado y los Presupuestos están en trámite de aprobación”. Una interpretación es que, dada la grave situación de las reservas hídricas (los embalses están al 56%; al 50% las cuencas del Duero y el Tajo y al 38%, la del Júcar), el Ministerio de Energía quiere compensar la caída de ingresos que prevé por el canon por el descenso de la producción hidroeléctrica derivada de la propia sequía.
Al sistema eléctrico, ahora en equilibrio, se le avecinan serios peligros, como las posibles compensaciones por los laudos arbitrales favorables a los inversores extranjeros de plantas de renovables afectadas por los recortes.
Otra espada de Damocles es el recurso presentado ante el Tribunal Supremo por las eléctricas (grandes y pequeñas) contra el impuesto del 7% a la generación. Precisamente, el alto tribunal va a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE (TJUE) para que determine si esta fiscalidad es conforme a la normativa comunitaria. El año pasado, el Supremo se dirigió al Tribunal Constitucional, que, ante la intención de aquel de dirigirse también al TJUE ha recomendado que vaya primero a Luxemburgo, pues su posición primaría sobre la suya.
Una sentencia favorable a las empresas, que lo consideran una doble imposición, sería una bomba, pues, en el caso de que la justicia les dé la razón recuperarían unos 2.000 millones por año desde 2013.