Fuente: El Economista
Dicen que las propuestas con más éxito en Bruselas son las que no le gustan demasiado a nadie porque son las que logran más consenso. Es el caso del borrador para incluir la energía nuclear y el gas natural en la taxonomía, que establece los criterios por los que una inversión puede considerarse verde, que ha sido rechazado por una u otra razón por buena parte de los gobiernos, pero que no debería encontrar demasiados obstáculos para salir adelante.
La conocida como ‘taxonomía de la UE’ es un sistema de clasificación que establece una lista de actividades económicas que pueden ser consideradas como ‘sostenibles’, en base a una serie de criterios, con el objetivo de fomentar la inversión en sectores que contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático, la protección de la biodiversidad o la transición hacia una economía circular. Aunque la legislación entró en vigor en julio de 2020, y la primera lista se publicó en abril de 2021, la Comisión Europea decidió retrasar la clasificación de la energía nuclear y el gas natural.
El texto, que Bruselas anunció que presentaría a finales de 2021, llegó al filo de la medianoche del 31 de diciembre a los buzones de las delegaciones de los veintisiete estados miembros de la UE. En él, la Comisión reconoce el valor tanto de la energía nuclear como del gas natural como energías de ‘transición’. Es decir, se reconoce que no son limpias pero destaca su importancia en el camino hacia la dominación de las renovables que asegure la descarbonización total de la economía, al ser fuente de bajas emisiones.
El borrador, al que ha tenido acceso elEconomista, incluye condiciones y límites de tiempo. En el caso de la energía nuclear, solo se considerarán sostenibles las centrales que puedan asegurar que no se causa «ningún daño significativo» al medio ambiente, incluido en lo relativo a la eliminación de residuos. Además, esto se aplicaría a las nuevas plantas cuya construcción se haya aprobado antes de 2045. En el caso del gas, los productores deberán garantizar que el nivel de emisiones de carbono es de un máximo de 100 gramos por kilovatio en las plantas existentes y 270 gramos por kilovatio en las de nueva construcción, y el reconocimiento expirará en 2030.
La propuesta de la Comisión parece un intento de reconciliar las principales posiciones en el debate: Francia, el mayor productor de energía nuclear en la UE, y Alemania, que planea cerrar sus centrales en 2030 y se ha ayudado en gran medida del gas en su transición hacia una producción energética basada en las renovables. Países del Este como Polonia o República Checa también apoyan a París, ya que han optado por la energía nuclear en su estrategia de descarbonización.
Mientras, España, Austria, Luxemburgo y Dinamarca que se oponen a ambas, apuestan por las energías renovables, y rechazan de plano la propuesta de la Comisión, alegando que pone en serio riesgo la credibilidad de la UE que aspiraba a ser referencia mundial en la definición de las inversiones verdes, y menoscaba además los objetivos de reducción de emisiones.
La Comisión ha lanzado una consulta con los Veintisiete en base a la cual dará forma a la propuesta final que debería llegar a finales de mes. Una vez el texto final esté sobre la mesa, los gobiernos reunidos en el Consejo y el Parlamento Europeo podrían rechazarlo. En la Eurocámara, parece imposible.
En el Consejo, para hacerlo haría falta una mayoría cualificada a la inversa. Es decir, que 20 países o suficientes países que representen al menos el 65% de la población europea se opongan. Por mucho malestar que cause la propuesta, las posibilidades de lograrlo son escasas, ya que el texto supone una victoria para ambos bandos, aunque a ninguno le guste que gane el otro, y la oposición frontal es una minoría.