El Pleno del Congreso rechazará este jueves las siete enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, ERC, BNG y Compromís-Equo contra el proyecto de ley de Reforma Eléctrica, que recoge una subida de los peajes eléctricos del 6,5% para atajar el déficit de tarifa y recortará en 4.500 millones de euros el desequilibrio estructural del sistema, repartiendo la carga sobre los consumidores, las arcas públicas y las empresas energéticas.
Además, el proyecto de ley plantea la simplificación del recibo de la luz y cambia el nombre de la actual Tarifa de Último Recurso (TUR) por Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, aunque sin cambiar su filosofía, permitiendo eso sí que se acojan a ella consumidores con menos de 10 kw de potencia.
En cuanto a los costes de las empresas, habrá una reducción de los pagos por capacidad, la posibilidad de hibernar centrales y un nuevo modelo de retribución para las actividades de generación y para las instalaciones de renovables, con mecanismos específicos de incentivos para los archipiélagos.
Sin embargo, esta nueva propuesta de reforma energética no convenció a los partidos de la oposición. Así, el PSOE estimó que el proyecto «incumple los compromisos europeos, no resuelve el déficit de tarifa» y «consolida» el desajuste, trasladándolo además al recibo de la luz. Asimismo, aseguró que la norma «condena a tener una energía cada vez más cara, y más que el resto de países de la Unión Europea, generando una nueva forma de pobreza energética».
Por su parte, la Izquierda Plural, que pidió la devolución del texto al Gobierno y presenta una propuesta alternativa, argumentó que el proyecto de ley «acaba con las renovables», es retroactivo, «impide el autoconsumo» e implica mayor pobreza energética. Mientras, que UPyD reclamó tanto la realización de auditorías externas sobre la formación de precios de la electricidad como una mayor liberalización del mercado que acabe con las actuales subastas para fijar la tarifa regulada, conocidas como Cesur.
CiU rechazó un proyecto que tiene «un solo objetivo», que es «recaudar» sin que haya una «estrategia de política energética eficiente, sostenible y competitiva a medio y largo plazo», ni pueda vincularse la norma con «una estrategia de política industrial». Además, pronosticó que «comportará notables incrementos en el precio de la energía eléctrica».
Por su parte, ERC indicó que la reforma no hace sino «mantener los escandalosos privilegios de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico y con las que el bipartidismo mantiene unas condenables puertas giratorias». Además, consideró que yerra en el diagnóstico e incluye una «surrealista» penalización al autoconsumo.
El BNG coincidió en que la ley es «centralista» y consideró que «frenará las renovables» partiendo de la concepción errónea de que son las culpables del déficit de tarifa, que no se logrará superar porque no se atajan sus «causas estructurales», que están en un sector oligopolísitico.
Finalmente, Compromís-Equo lamentó las trabas al autoconsumo, vio inadecuado el sistema de formación de precios y consideró que la reforma «nace muerta para mantener con vida un poco más de tiempo un modelo energético caduco, centralizado, despilfarrador y contaminante».