La Comisión Europea quiere garantizar que los mecanismos de capacidad no favorezcan a determinados productores ni creen barreras en el mercado interior.
La Comisión Europea ha lanzado este miércoles una investigación sectorial sobre las ayudas públicas que conceden España y otros 10 países a las compañías eléctricas para garantizar la seguridad de suministro (los denominados ‘mecanismos de capacidad’) con el fin de verificar si favorecen a determinados productores o tipos de tecnología o si establecen barreras que obstaculizan el flujo de electricidad entre los Estados miembros.
Además de España, el resto de países investigados son Francia, Alemania, Italia, Polonia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Irlanda, Portugal y Suecia. En todos estos Estados miembros existen mecanismos de capacidad o planes para ponerlos en marcha.
Como regla general, estos mecanismos prevén compensaciones suplementarias a las eléctricas, además de los ingresos que obtienen de la venta de electricidad en los mercados, a cambio de que mantengan las capacidades existentes o realicen inversiones en nuevas capacidades para garantizar la seguridad de suministro.
«Los Gobiernos tienen un interés legítimo de garantizar que haya un suministro suficiente de electricidad y que los hogares y la industria no sufran apagones», ha dicho la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado.
No obstante, Vestager ha dejado claro que su papel es garantizar que «las medidas públicas para impulsar las inversiones en el suministro de electricidad no favorezcan indebidamente a determinados productores o tecnologías, o creen obstáculos al comercio a través de las fronteras nacionales».
«Por ejemplo, en algunos casos puede ser más eficaz invertir en mejorar las interconexiones de la red de electricidad entre los Estados miembros que construir nuevas plantas de electricidad», ha apuntado la responsable de Competencia.
Para Vestager, esta investigación sectorial «envía una señal clara a los Estados miembros para que respeten las reglas de la UE en materia de ayudas de Estado cuando pongan en marcha mecanismos de capacidad y contribuye al objetivo de construir una auténtica Unión de la Energía en Europa».
Se trata de la primera investigación sectorial que el Ejecutivo comunitario lanza en materia de ayudas públicas. Hasta ahora, las iniciativas similares de Bruselas se habían circunscrito a los posibles problemas de competencia en determinados sectores.
Bruselas enviará ahora una serie de cuestionarios a las autoridades públicas y los actores del mercado en los 11 Estados miembros investigados. Asimismo, se reserva el derecho de ampliar sus pesquisas a otros Estados miembros. Después evaluará las respuestas y publicará un informe preliminar antes de finales de año, que someterá a consulta pública. Los resultados finales de su investigación se conocerán a mediados de 2016.