Fuente: El Economista
España cuenta en estos momentos con compromisos de inversión por cerca de 30.000 millones en energías renovables. Las principales compañías del país tienen anunciados en sus planes estratégicos millonarios despliegues de miles de megavatios a lo largo y ancho de la piel de toro, al tiempo que se preparan para incrementar su ambición verde este próximo mes de noviembre con la actualización de sus planes de negocio.
Según los datos recabados por elEconomista, los proyectos ya incluidos en los planes de inversión de las grandes compañías superan ampliamente los 42.100 MW hasta 2025. Las peticiones de puntos de conexión a Red Eléctrica superan ya los 200.000 MW en una país cuyo consumo diario apenas llega ahora a máximos de 43.000 MW y mantiene una potencia instalada de 104.589 MW, según los datos de Red Eléctrica.
El desembarco de petroleras como Repsol, Total o Galp en el sector renovable, las fuertes inversiones de las eléctricas tradicionales y los pequeños desarrolladores están animando la inversión.
A esta situación se suman las aspiraciones a poder recibir fondos europeos para estos proyectos. El plan Next Generation destinará a España 140.000 millones de euros: 50% en ayudas directas a fondo perdido y el resto en financiación, para proyectos relacionados con el Pacto Verde, la Transición Digital y la Reindustrialización, pero la Comisión Europea ha sido muy clara al pedir que se adopten proyectos de calidad por parte de las empresas para que se produzca una transformación real.
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró en la presentación de dicho Plan que «necesitamos un sistema energético 100% renovable, abierto a la ciudadanía, a las empresas y a las diferentes administraciones, sostenido sobre tres principios fundamentales: la máxima eficiencia, electrificación e integración de renovables».
Para lograrlo, el Gobierno está tramitando además de la aceleración del llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el proyecto de Ley de Cambio climático cuya ambición podría ser superior y cuyas enmiendas mantiene el PSOE bajo cuatro llaves hasta su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, previsiblemente, la próxima semana.
El PNIEC pretende movilizar inversiones por 241.000 millones hasta 2030. Para el Ejecutivo estas inversiones se podrán lograr con un marco normativo claro, estable y predecible que estimule la inversión privada en el despliegue de las renovables y contribuya a reducir la factura de la electricidad y a desarrollar la cadena industrial. En nuestro país, según Ribera, «fabricamos ya el 60% del total de los componentes necesarios para un parque fotovoltaico y el 90% de los componentes necesarios para un parque eólico». Por ello – indicaba la vicepresidenta- lo necesario ahora es «un fuerte impulso al despliegue de energías renovables mediante un nuevo sistema de subastas y líneas de apoyo para proyectos innovadores, con una clara apuesta por la eólica offshore flotante».
La subastas, anunciadas para este año, siguen manteniendo todavía muchas incertidumbres sobre el sistema que se va a utilizar y su capacidad real para retener la inversión industrial.
Gran parte avanzada
Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, hasta 2030 se deberán instalar unos 30 GW de nueva potencia fotovoltaica lo que, en términos económicos, supone una inversión del orden de 20.000 millones, y alrededor de 20 GW de eólica, que supondrían unos 15.000 millones. Es decir, que prácticamente con los proyectos que ya tienen en cartera las grandes empresas se logrará una parte muy importante de los objetivos de renovables cinco años antes de lo marcado.
Fruto de esta situación, el mercado de operaciones de compra de desarrollos o incluso de centrales ha sido muy activo en los últimos meses.
Antonio Martínez Mozo, socio de energía en el área de Strategy and Transactions de EY, explica que «las renovables van a favorecer la competitividad de los sectores e industrias intensivos en energía y por tanto contribuir a la reconstrucción. Así, tendrá sentido destinar los fondos europeos, entre otras, a aquellas iniciativas que integren las renovables en los procesos productivos y conlleven la reducción de emisiones de instalaciones ya en el sistema, a aquellas que permitan desplegar soluciones de almacenamiento y doten de mayor flexibilidad al sistema para desarrollar el autoconsumo, las comunidades energéticas, la movilidad eléctrica, etc. También, para apoyar tecnologías como el hidrógeno y los gases renovables, las cuales tendrán un papel relevante en la modernización y competitividad de las empresas y en la apuesta por la descarbonización».
Para Marina Serrano, presidenta de Aelec, «los fondos de recuperación europeos son una oportunidad única para acelerar nuestros objetivos de descarbonización a 2050. La Comisión Europea fija que al menos el 30% de estos fondos vayan destinados a alcanzar estos objetivos. Por tanto, los proyectos elegibles que pueden contribuir a este objetivo son variados; por supuesto la generación renovable debe ocupar un lugar destacado, al igual que el almacenamiento, y no debemos descuidar otras inversiones relevantes en infraestructuras energéticas como la digitalización de las redes, el desarrollo de la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico o la reducción de emisiones en edificios a través de mejoras en la eficiencia como las que aporta la bomba de calor.»
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, defendió recientemente una recuperación basada en la industria, alertando contra los «cantos de sirena» sobre un nuevo modelo económico «que aspira a nutrirse del Boletín Oficial del Estado».
Los sectores renovables, por contra, salen en defensa de que el dinero europeo no se convertirá en una suerte de segundas primas para tecnologías que ya son rentables.
José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables, sostiene que «tenemos que ser conscientes del estado de madurez de las distintas tecnologías renovables, sabiendo cuáles son competitivas ya y no necesitan apoyos más allá de la I+D+i; e identificando aquellas tecnologías y procesos cuya curva de aprendizaje debemos acelerar. Con estas premisas, debemos crear los escenarios que más empleo y riqueza generen, dada la situación actual de nuestra economía».
Por su parte, José Donoso, director general de la Unión Española de Energía Fotovoltaica, asegura que «desde Unef no consideramos que se deba financiar con el dinero de los fondos europeos las instalaciones de producción de energía eléctrica convencional. El dinero debería ser empleado para fortalecer la capacidad productiva del sector industrial renovable español, los proyectos innovadores, fomentar el I+D , el almacenamiento y el autoconsumo».
En la misma línea se pronuncia Juan Virgilio Márquez, director general de AEE. «La inversión en eólica supone una gran oportunidad para que España reactive la economía, aprovechando el potencial de la industria eólica ubicada en nuestro país para revitalizar la economía en todos los territorios a través del despliegue y desarrollo de sus proyectos. El sector eólico ofrece múltiples beneficios subyacentes para la sociedad y la economía del país a corto plazo, siendo un vector industrial y tecnológico para avanzar en la reconstrucción económica dentro de la senda de la transición energética de forma eficaz, con un enfoque tractor para otras actividades sectoriales. Un aspecto crítico es trabajar en los instrumentos adecuados para hacer posible que las inversiones se puedan ejecutar. Para ello es clave exprimir al máximo los instrumentos existentes pero también diseñar nuevos instrumentos que permitan vehiculizar la inversión hacia sectores industriales estratégicos de tamaño tractor para la economía. Tal como se recoge en las propuestas presentadas por AEE, con el apoyo de los fondos de reconstrucción aplicados a proyectos eólicos se pueden activar inversiones privadas por más de 12.000 millones de euros y crear más de 30.000 empleos. Además de dar trabajo a las fábricas eólicas en España, con las nuevas instalaciones se generarían 17,32 TWh de electricidad eólica autóctona (equivalente al consumo de casi cinco millones de hogares) y se podrían reducir las emisiones de CO2 en más de 7,6 M Toneladas de CO2/año».
Según un informe de WindEurope presentado este viernes, invertir en energía eólica ayudará a la recuperación. Cada nueva turbina instalada en Europa genera una media de 10 millones de euros de actividad económica. Esto se reparte entre las 248 fábricas de Europa que producen turbinas y componentes, y todas ellas participan en la planificación, la construcción, la logística y la I+D. La expansión de la energía eólica también ayudará a Europa a fortalecer su liderazgo mundial en materia de energía eólica. Cinco de los diez principales fabricantes de turbinas del mundo son europeos – y en conjunto tienen una cuota de mercado global del 42%.
La energía eólica paga 5.000 millones de euros en impuestos en toda Europa cada año, a menudo directamente a los municipios rurales más desfavorecidos. Muchos parques eólicos también realizan pagos directos a las comunidades y organizaciones locales, ofrecen beneficios en especie y, en muchos casos, las comunidades participan en la propiedad del parque eólico local.
Según la Estrategia Industrial para la Fotovoltaica, el sector en su conjunto tiene un considerable impacto en la economía nacional, con una contribución al PIB nacional de más de 7.700 millones de euros en 2019 y empleando a 38.000 personas (entre empleo directo e indirecto) antes del comienzo de la crisis por Covid-19. El sector es un exportador neto, contribuyendo con 1.600 millones a la balanza comercial y más de 120 empresas presentes en 60 países.
Por otro lado, el Gobierno prometió por enésima vez la aprobación del estatuto para consumidores electrointensivos en el mes de octubre y esta medida sigue, de momento, en un cajón.