Dos días antes de que acabara el año el Gobierno anunciaba, para el primer trimestre de 2017, la convocatoria de una nueva subasta de renovables para la adjudicación de hasta 3.000 nuevos megavatios de potencia en la que todas las tecnologías competirán por las ayudas. Se trata de la segunda subasta de estas características. En la primera, que se celebró en enero de 2016, se adjudicaron un total de 700 megavatios -500 para eólica y 200 para biomasa-, con la peculiaridad de que las empresas que participaron pujaron tan a la baja que perdieron las ayudas por las que competían.
La reacción de las diferentes patronales del sector no se ha hecho esperar. El presidente de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, denunciaba días atrás la precipitación del Ministerio de Energía en el anuncio de una nueva subasta, «sin haber dotado previamente al sector de un marco regulatorio estable, sin que haya existido diálogo alguno y sin haber corregido los errores cometidos en la primera».
Para la mayoría de las asociaciones, el problema de fondo radica en que la neutralidad tecnológica de la nueva subasta, al atender únicamente al precio, favorecerá a proyectos eólicos y grandes plantas fotovoltaicas, mientras que otras fuentes renovables, como la biomasa o la termosolar, que no necesitan centrales de respaldo, quedarán fuera de la misma.
Respecto al encaje de futuros proyectos de instalaciones de biomasa, biogás y residuos renovables en el mecanismo de subastas planteado, Margarita de Gregorio, directora de APPA Biomasa, ha señalado a elEconomista Energía que la propuesta normativa publicada supone «una clara discriminación sobre los residuos municipales renovables y licores negros procedentes de la industria de fabricación de papel, al considerar únicamente a las biomasas incluidas en la categoría b) del RD 413/2014».
Según De Gregorio, dicha propuesta también supone una «exclusión de pleno a instalaciones que, como la biomasa, tienen asignada retribución a la operación, ya que, al no considerarse en la subasta, no pueden competir en igualdad de condiciones respecto al resto de tecnologías renovables». Además, los parámetros retributivos establecidos para la instalación tipo de referencia -compartida por biomasa, hidroeléctrica, geotermia, olas y mareas- «no se aproximan, ni de lejos, a los reales y necesarios».
Respecto a las instalaciones de valorización energética de residuos, la directora de APPA Biomasa señala que, «además de obviarlas, el borrador comprende solamente las instalaciones que se pongan en marcha a partir de la convocatoria de la subasta, por lo que sólo resultarían beneficiadas por una retribución específica aquellas que sean adjudicatarias de la misma, con un plazo de ejecución limitado». El hecho de que la generación energética procedente de residuos, explica, no sea incluida en los regímenes de fomento de energías renovables, «puede obligar a desaprovechar el recurso y tirarlo al vertedero».
Desde APPA Biomasa solicitan al Ministerio que la nueva subasta de renovables diferencie tecnologías entre sí, «bien de manera independiente, como la primera, que estuvo dirigida a biomasa y eólica, o bien en conjunto: tecnologías gestionables por un lado y no gestionables por otro», y que han sido declaradas legalmente por la Comisión Europea, con un claro ejemplo como el alemán, con la convocatoria de subastas separadas para diferentes tecnologías al objeto de mantener estable su red eléctrica.
Desde APPA Biomasa tienen claro que el mecanismo de subastas, tal y como está planteado, «está excluyendo del futuro mix energético a las instalaciones de biomasa, obviando deliberadamente su capacidad para consolidar un verdadero mercado de biomasa en España, aportar potencia gestionable al sistema, impedir que aumente la degradación medioambiental, y generar empleo y riqueza en el país».
Fuente: El Economista