Mediante la divulgación de un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Asociación de la Industria Solar Térmica (Protermosolar) y la Unión Española Fotovoltaica (Unef) han denunciado que «las nuevas medidas para el sector eléctrico son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país. La quiebra de la seguridad jurídica, a su vez, llevará a la quiebra a numerosos inversores –particularmente familiares–, que deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras al no poder afrontar el servicio de la deuda». Por este motivo, el colectivo de patronales entiende que «se puede hablar de un proceso de expropiación encubierta».
La nota de prensa difundida lamenta que «tras meses de mantener un nivel de incertidumbre nefasto para cualquier sector económico, con total ausencia de diálogo y ninguneando a las asociaciones sectoriales –legítimas interlocutoras del sector renovable–, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-Ley 9/2013, cuyo contenido es totalmente retroactivo para las energías renovables».
En este sentido, el texto de la nota expone que «en virtud de las disposiciones del RD-L 9/13, las renovables verán radicalmente sustituido su actual esquema de retribución por otro que pretende garantizar una rentabilidad razonable en función de parámetros desconocidos y que, según los cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1300 millones de euros».
«Un ajuste de tal magnitud (un 15 % de los ingresos del régimen especial), sumado a los ajustes que ya ha sufrido el sector, que en algunos casos han alcanzado hasta el 40 % de los ingresos, llevará a la quiebra a numerosas instalaciones, porque no podrán devolver los créditos que las financiaron. Sus propietarios tendrán que entregarlas a las entidades financiadoras, más las garantías que las respaldaban», advierten los empresarios renovables. Estos entienden que, dada la situación, «puede hablarse de proceso de expropiación encubierta».
Rentabilidad razonable
Asimismo, denuncian que, cuando el Gobierno indica que establecerá una «rentabilidad razonable» del 7,5 % ligada a las obligaciones del Estado y a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos, está realizando un ejercicio de abstracción mental, puesto que esa rentabilidad se ha calculado antes de impuestos y solo la podría obtener, de acuerdo con el RD-L 9/13, una «empresa eficiente y bien gestionada».
Una vez tenidos en cuenta los impuestos en vigor, «la rentabilidad real se quedaría en el orden del 5 %, muy por debajo de lo que ofrecen productos financieros más seguros. E incluso puede ser menor, en función de los estándares de inversión y explotación que fije el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por la gran variedad de tipos de instalaciones», aclara el comunicado.
Por todo ello, las asociaciones denuncian que el nuevo esquema retributivo es «altamente discrecional y, al desligar la retribución de la producción eléctrica –el ‘pool’ es un ingreso menor en muchos casos–, desincentiva la eficiencia y anula la importancia de las labores de operación y mantenimiento».
En suma, debido a que la reciente reforma eléctrica no afecta al «deficiente mercado eléctrico, no es más que otra suma de recortes en la que las renovables se llevan la peor parte. Sin duda alguna, incrementará la pérdida de empleo y será ampliamente contestada en los tribunales», termina la información difundida.