En el Ministerio de Industria ha aumentado la preocupación por el efecto negativo que están teniendo en los ingresos del sistema eléctrico las rebajas de la potencia contratada por las que están optando los consumidores como único medio para lograr aminorar el coste de su factura. Máxime cuando el departamento que dirige José Manuel Soria ha subido (en dos ocasiones en algo más de un año) el peso de esta parte fija de la factura, hasta llegar a representar un tercio de la misma.
Como ya hizo el año pasado, cuando el fenómeno era algo incipiente, Industria ha pedido a las distribuidoras eléctricas que le proporcione datos sobre las peticiones de bajadas de potencia que hayan recibido de sus clientes. Y lo ha hecho en la carta que ha remitido a las empresas en la que les solicita la información necesaria para elaborar de los peajes de acceso que entrarán en vigor en enero.
Que las rebajas de potencia están afectando a los ingresos del sistema ha dado cuenta la propia CNMC en sus informes de liquidaciones mensuales del sistema eléctrico. En la correspondiente a julio (la séptima)el organismo regulador así lo infiere al comprobar que la caída del consumo (un 0,7%) es mucho menor que la de los ingresos (un 2,3%), lo cual significa que los usuarios pagan menos sin consumir mucho menos.
Según señala la CNMC en su último informe de liquidaciones, “esta asimetría se justifica, por una parte, por la diferente estructura de la demanda [esta se recupera entre los grandes consumidores industriales, cuyos peajes son mucho más baratos, y cae entre los domésticos, con tarifas de acceso más caras] y, por otra, por una previsión de potencias contratadas superior a la que realmente se está registrando”. Según datos oficiales, la potencia contratada se sitúa dos puntos por debajo de la prevista por el ministerio para este año.
Las mayores diferencias en ingresos en el término de potencia se registran entre las pymes (con más de 15 kW contratado) y usuarios de media y alta tensión). Los que más electricidad ahorran son los domésticos acogidos a la tarifa 2.0 A, que son la inmensa mayoría de los pequeños clientes.
La reducción de ingresos por peajes debido a la caída de la demanda (-322 millones de euros hasta julio)y del total de los ingresos recaudados (330 millones menos) debido a la distinta composición de la demanda y el efecto de las rebajas de potencia contratada, es de suma importancia para el Gobierno, que ha prometido déficit de tarifa cero este año. Una promesa que difícilmente podrá cumplir si se mantiene esta evolución hasta finales de año:el déficit no se generaría en este caso por un aumento de los costes, sino por una caída de los ingresos.
Precisamente, la CNMC tiene previsto publicar hoy (por ayer) la octava liquidación del año (la de agosto), donde se podrá comprobar la tendencia. Si se cumplen los peores augurios al ministerio no le quedará más remedio que subir las tarifas de acceso, pese a la consigna de Moncloa de que no se toquen en un incierto año electoral.
Los planes contra el fraude, compensan
El Ministerio de Industria ha requerido a las grandes y pequeñas distribuidoras de electricidad información para elaborar los peajes de acceso que regirán a partir de enero. Concretamente, les ha pedido “información relativa a las previsiones para el cierre del año 2014 y para el año 2015 sobre número de puntos de suministros, consumos, potencias y facturaciones, desagregadas por peaje de acceso”. También “la disposición de la información de las empresas comercializadoras de referencia (COR) sobre el cierre de 2013 y las previsiones de cierre para 2014 y 2015 del número de clientes, consumos, potencias y facturaciones desagregadas por precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)”. Las empresas deben facilitar estos datos antes del próximo 1 de noviembre.
El año pasado, el ministerio reclamó información más detallada sobre los cambios de potencia a la vista de que la evolución de la demanda no se correspondía con la de los ingresos y llegó a amenazar con tomar medidas. Las empresas consideran que estos datos no son fáciles de aportar.
Este año, las rebajas de potencia solicitadas por los ciudadanos, animados por las campañas de las asociaciones de consumidores, se han podido compensar con las revisiones del plan contra el fraude en los interruptores de control de potencia y del bono social, que se han traducido en el aumento de la potencia en muchas viviendas. Así, entre mayo de 2013 y mayo de este año el número de consumidores con potencia inferior a 3,3 kW se ha reducido en un 5,2%, al pasar de 1,589 millones a 1,560 millones. Todos ellos han perdido el derecho a disfrutar del bono social de la tarifa.