La agencia de calificación estadounidense Standard & Poor’s ha publicado esta semana un informe sobre la reforma energética que pretende impulsar el Gobierno para terminar con el déficit de tarifa, un agujero que alcanza ya los 26.000 millones de euros. Los analistas de esta calificadora ven con buenos ojos esta iniciativa aunque advierten que se enfrenta a riesgos, como las demandas que presentarán las renovables contra el Ejecutivo.
«Una vez los detalles de ciertos elementos de las medidas propuestas –como la remuneración por una estructura de generadores de energías renovables- se conozcan, podrían verse disputados en un tribunal por las utilities y los operadores de renovables», asegura el informe en un apartado que analiza los riesgos de la reforma presentada en julio.
Otro riesgo reside en el abultado déficit público de España. Según la calificadora, una parte significativa del déficit de tarifa tendría que ser asumido por el Estado, y ahora no es el tiempo más propicio, dicen estos analistas, para realizar este tipo de absorción.
Además, S&P ha apuntado que la reforma energética «erosionará la liquidez de las eléctricas», lo que reducirá sus beneficios y «consecuentemente» su margen de calificación crediticia. La agencia insiste, no obstante, en que no podrá realizar una revisión general de las calificaciones hasta que cuente con todos los detalles.
De todos modos, S&P sí confía en que la reforma acabe con el déficit de tarifa, especialmente gracias a los mecanismos correctores, lo que «probablemente mejorará la visibilidad de los beneficios a largo plazo de las eléctricas españolas». Sin embargo, advierte de que «las reformas no eliminan los riesgos políticos y regulatorios», ya que los países «afectados por estrés económico prolongado» como España tienden «a interferir negativamente en sectores generadores de caja y socialmente importantes como las eléctricas».