Roland Berger y Boston son las consultoras encargadas de realizar un exhaustivo análisis de las plantas de renovables para fijar una retribución del 7,5% para toda la vida del proyecto, pero tan sólo es Roland Berger quien, de momento, está pidiendo datos al sector y les ha dado un plazo de diez días para entregar toda la información.
Las patronales de renovables entienden que la intención de estas consultoras es presentar diferentes estudios y acreditar la mayor independencia posible. Según fuentes del sector, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) ya ha terminado sus análisis sobre todas las plantas de renovables y sus datos serán revisados por estas consultoras externas.
Las mismas fuentes apuntaron que las Roland Berger y Boston tendrán sus estudios finalizados para mediados de noviembre. Entonces, el Gobierno realizará una consulta pública sobre estos informes.
Las diferentes patronales de renovables se muestran abiertas a aportar toda la documentación necesaria, pero miran con recelo el motivo por el que el Gobierno ha elegido a dos consultoras de prestigio internacional: para respaldar el recorte por un total de 1.500 millones e ir contra los productores de renovables ante un eventual arbitraje internacional.
Por ello, las patronales quieren canalizar toda la información que se aporta tanto al IDAE como a las consultoras. Por ello, han recomendado «precaución» a «aquellas empresas que por decisión propia decidan aportar datos suyos bien a consultoras, Ministerio u otras terceras partes».
Además, han avisado de la conveniencia de que hagan referencia exclusivamente al ámbito de su propia empresa.
Apalancamiento del 75%
Por su parte, Anpier entregó la pasada semana al IDAE de forma pública 1.000 expedientes de pequeños productores fotovoltaicos. Los informes incluyen los datos personales del inversor, un particular en la mayor parte de los casos, así como el importe tanto de la inversión como de la financiación, el nombre de los bancos y los tipos de interés, entre otros aspectos.
Lo más frecuente es un apalancamiento con los bancos superior al 75%, con un tipo de interés de más del 5% y un coste de inversión superior a los 6 millones de euros por megavatio hora (MWh).
Asimismo, Anpier ha anunciado que si antes del 22 de octubre no se ha publicado el pliego de condiciones del contrato, esta asociación se presentará con un notario ante el IDAE para certificar el incumplimiento de la normativa de contratación pública y, acto seguido, lo denunciará ante los tribunales.
El problema reside en que a partir de los 60.000 euros de adjudicación se debería hacer una consulta pública y este contrato suma al menos los 600.000 euros más IVA.