Los integrantes de la patronal española de la industria termosolar han hecho público un comunicado de prensa en el que acusan al Gobierno de actuar haciendo caso a las informaciones deformadas e interesadas que le llegaban desde las grandes empresas eléctricas al aprobar la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética sin tener en cuenta sus advertencias sobre “los daños irreversibles que esa medida podía causar, tanto al sector como al país”.
Según critica Protermosolar, sus miembros aportaron al Ministerio de Industria datos contrastables de la previsión de costes y de los reducidos márgenes que tenían los proyectos, con objeto de evitar la aprobación del nuevo impuesto del 7% a la producción de energía, independientemente del tipo de tecnología. La nueva normativa fiscal energética que salió adelante el pasado diciembre es vista por los empresarios del sector termosolar como una discriminación, no solo por el polémico impuesto del 7%, sino también por “la eliminación de la prima a la parte generada con gas, cuyo porcentaje de uso formaba un todo con la prima a la hora de calcular la rentabilidad razonable garantizada por la Ley del Sector Eléctrico”.
“Con la simple diferencia entre las previsiones de primas exageradas que manejaba el Ministerio para el sector termosolar y la estimación realista que le entregó Protermosolar, el ahorro en primas ya se hubiera situado en torno a los 400 M€”, se quejan los integrantes de la patronal.
Asimismo, los empresarios de esta industria aseguran que parece que el Ministerio ‘compró’ la idea “difundida por las grandes compañías eléctricas de que las centrales termosolares tenían TIR de proyectos y de rentabilidades del capital elevadísimas, cuando la única central termosolar operada por una de esas compañías, y de la única de la que podrían hablar con propiedad, tiene pérdidas acumuladas desde su puesta en operación en 2010”.
Otro aspecto crítico del que se queja la patronal sectorial es la incoherencia del Gobierno de España de reclamar en el extranjero seguridad jurídica para las inversiones de nuestras empresas cuando no aplica este principio dentro de nuestro país en materia de energía. “Los inversores nacionales, indefensos ante la inclusión en la Ley 15/2012 de un aspecto como el del gas -que venía regulado por el Real Decreto 661/2007-, tendrán que esperar a las liquidaciones definitivas del 2013 para efectuar sus reclamaciones, aunque esa indefensión podría llevarse ante el Tribunal de Derechos Humanos por haber eliminado, con ese procedimiento, el derecho a un recurso efectivo”, añade el comunicado que han divulgado los representantes de Protermosolar.
Desde la óptica de la asociación, el catálogo de vulneraciones de esta Ley iría “desde el derecho fundamental a la igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, a los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad y equitativa distribución de la carga tributaria que deben regir la ordenación y aplicación del sistema tributario; a los principios de confianza legítima y de buena fe en las relaciones con la Administración que exige amparar las legítimas expectativas de quienes han ajustado su conducta económica a una norma frente a cambios inesperados; al principio de seguridad jurídica, entre otros motivos por la ausencia de justificación y previsibilidad de la medida; al principio de no retroactividad, resultando evidente el cambio de reglas del juego una vez realizadas las inversiones; al principio de rentabilidad razonable del artículo 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico, conduciendo a los proyectos termosolares a obtener un retorno muy inferior al coste del capital, cuando no negativo”.
Respecto a los compromisos internacionales, “esta Ley vulnera el artículo 10 de la Carta sobre el Tratado de la Energía, que obliga a los Estados firmantes a conceder a los inversores extranjeros un trato justo y equitativo, y va mucho más allá de los límites de las expropiaciones establecidos en los artículos 13 de dicha Carta y del Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, subraya la nota de prensa.
A esto hay que añadir que la Ley “adquirirá carácter confiscatorio al gravar a sociedades de proyecto que carezcan de beneficios y, por lo tanto, de la capacidad económica que se presupone al contribuyente de un impuesto”, continúan denunciando los integrantes de Protermosolar.
“También hemos tenido conocimiento la semana pasada de las elevadas provisiones que ha efectuado una importante compañía multinacional en relación con su central termosolar en España, poniendo de manifiesto que la medida retroactiva de eliminación de la retribución al gas va mucho más allá del margen que tenían estas sociedades”, advierte el comunicado.