Fuente: Cinco Días
Tarde o temprano las trampas de la reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy iban a terminar dando la cara. El más grave de los errores, el recorte ilegal (por retroactivo y falto de garantías) de la retribución de las renovables con la que dicho Gobierno vistió su lucha contra el déficit de tarifa (unos 3.000 millones fueron eliminados de los peajes eléctricos), se está pagando caro. Los arbitrajes internacionales de decenas de inversores extranjeros se están saldando con un goteo incesante de laudos condenatorios contra de España, con indemnizaciones que rondan ya los 400 millones.
Un tiro por la culata que, por el momento, el Estado está sorteando con la excusa de un cierto apoyo por parte de la Comisión Europea, pero que tarde o temprano habrá que pagar, vía tarifa eléctrica o, poco probablemente, vía Presupuestos Generales del Estado. La cuestión no es baladí si se tiene en cuenta que las reclamaciones de los inversores ascienden a 8.000 millones de euros, según cálculos del propio Gobierno.
Más allá de esta deuda amenazante, el Ministerio de Transición Energética ha remitido a la CNMC para su informe una propuesta de orden de peajes para 2019 que para muchos resulta un acto de fe. Aunque las tarifas se congelan un año más y, por tanto, el consumidor no verán modificada la parte de la factura correspondiente a los peajes (aproximadamente, la mitad), tras un somero análisis en se aprecian claros desequilibrios.
El primero, un desfase entre los ingresos (17.553 millones de euros) y los costes del sistema (18.006 millones) de 455 millones de euros. Este déficit será sufragado por el superávit que acumula el sistema desde 2013, una caja que llegó a sumar 1.500 millones de euros que nunca se destinaron a amortizar la deuda tarifaria (aún 23.000 millones), tal como establece la Ley del Sector Eléctrico.
El Gobierno anterior modificó temporalmente esta obligación (a través de la Ley de Presupuestos) para destinar parte de esta remesa a devolver a las eléctricas el pago del bono social de la tarifa (500 millones), una obligación que el Supremo anuló. Tamibén el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido tirar de la hucha (en este caso, a través del real decreto-ley de medidas urgentes del pasado 4 de octubre) para poder cubrir los desfases del sistema en 2018 y 2019.
Un desfase que, según auguró el ministerio que dirige Teresa Ribera, iban a provocar las medidas incluidas en esa norma para paliar las subidas de los precios de la energía. Estos comenzaron a dispararse en verano afectando muy directamente a la otra mitad de la factura de los domésticos. Una de las medidas, la suspensión cero durante seis meses del impuesto del 7% a la generación, que las empresas trasladan al precio del mercado.
Pero, como tantas veces, la factura hace agua: una medida destinada a frenar los precios se traduce en menores ingresos fiscales que el Estado destina al sistema vía peajes. Con todo, el efecto es reducido pues la medida se distribuye entre el último trimestre de este año y el primero de 2019.
Otra deriva similar, pero más destacable, es el efecto de las medidas para facilitar el ahorro de los consumidores incluidas en ese RDL, que se traducen en menores ingresos por peajes (un 1,2%, hasta 13.102 millones de euros), a pesar de que, según las estimaciones de la orden, la demanda eléctrica aumentará un 1,4% en 2019.
Entre ellas se encuentra la obligación de las comercializadoras de facilitar la contratación de la tarifa de discriminación horaria; el aumento de los escalones de la potencia contratada o el desbloqueo de la actividad de autoconsumo. Aunque el mal llamado impuesto al sol (en realidad, un peaje) no supuso apenas recaudación, el desarrollo de la actividad se traducirá en menores ingresos para el sistema, que dependerá del número de consumidores que se desconecten del sistema.
Los ingresos fiscales del sistema se salvan (pasan de 2.400 millones de euros en 2018 a 2.530 en 2019) gracias a la decisión del Gobierno de aumentar los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión de CO2, de 450 a 750 millones e euros en 2018 y 2019, respectivamente. Precisamente, el encarecimiento de estos derechos en la UE fue una de las causas de la inflación del mercado mayorista. Otro agujero que el Gobierno se ha visto obligado a tapar en aras de una transición justa.
Entre las partidas que aumenta están las de la retribución de la distribución (un 1%, hasta 5488 millones); los extracostes de los sistemas no peninsulares (un 17%, hasta 730 millones) y la de la tarifa de la industria vasca, o euskopeaje, un compromiso político de este y el anterior Gobierno con el PNV, que pasa de 10 millones a 40 millones de euros. A cambio, el ministerio se ahorra 170 millones de euros al repetir la jugada del exministro de Energía, Álvaro Nadal, quien decidió derogar el incentivo por disponibilidad de las centrales eléctricas a la espera de que se aprueben las directivas sectoriales del llamado paquete de invierno.
Largo lo fía el Gobierno, según fuentes empresariales, que critican que este mantenga el incentivo eléctrico a la industria (la llamada interrumpibilicad) , que no deja de ser una ayuda por estar disponibles para interrumpirles el suministro, y no a las generadoras por estar disponibles para producir electricidad. No obstante, las eléctricas pueden trasladar esta pérdida al precio final. Por su parte, entre los costes que bajan ligeramente, están los del transporte y la anualidad de la deuda eléctrica (2.741 millones).
Aun con todo, la gran partida del sistema eléctrico sigue siendo el incentivo a las energías renovables (algo más de 7.000 millones, 107 millones más que este año, que supone un 40% de los costes). Un cargo que mientras se siga financiando vía tarifa y no impuestos, impedirá el equilibrio del sistema.