Fuente: El Periódico de la Energía
Desde hace unos meses las solicitudes de licencias para el acceso y conexión de los nuevos proyectos renovables se han disparado con la nueva burbuja renovable. Sin embargo, según fuentes del sector, el principal problema no está ahí, sino en los proyectos que no se hagan pasados cinco años.
«El problema es que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ponía como fecha tope cinco años para que ese permiso de acceso y conexión fuera utilizado, pero también decía que era necesaria la aprobación de un RD que a día de hoy sigue sin estarlo», explican fuentes del sector, «así que se prorrogó esa caducidad hasta el 31 de marzo de 2020 de aquellas instalaciones que tenían concedido el acceso antes de 2014, pero ¿y qué pasa con las de después?».
Las posteriores «se encuentran en un limbo porque no se les aplica la Ley y por tanto no están sujetas a esos cinco años de caducidad, pero claro, hay una gran incertidumbre que provoca la paralización del sector», continúan las fuentes, «para las de 2014 ya se cumplen cinco años y no saben si ponerse a construir porque si se activa el RD, no les van a dar tiempo a terminar los proyectos. Así que prefieren esperar».
La tardanza en aprobarse el RD de Acceso y Conexión, para el sector, está paralizando la nueva construcción. «El gobierno aseguró que ese RD iba a estar antes de finalizar el año 2018 o como mucho a principios de este año, pero nada, y las elecciones generales han supuesto un parón que ha venido muy mal al sector», añaden, «y el Gobierno en funciones no está haciendo nada, nos consta que está dando vueltas al tema, cuando lo que pedimos es que se den prórrogas para que dé tiempo a todo».
Pero ¿qué ocurre si caduca el plazo del permiso? «Que se pierden los avales que se han depositado para ello», contestan las fuentes, «sin embargo hasta la fecha la Administración nunca se ha quedado con ellos, nunca los ha solicitado».
Pero ¿y si lo hace? Hasta el Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que se aprobó en octubre las garantías exigidas, es decir, los avales, eran de 10 euros el kilovatio instalado, pero se aumentó a 40 euros el kilovatio.
«Si se calcula cuántos megavatios hay solicitados hasta octubre de 2018 y cuántos se han solicitado a día de hoy, se podría saber la cifra de avales que podrían cobrarse si no se llegan a construir esas instalaciones», continúan las fuentes, «y aunque muchas de las solicitudes de punto de conexión tienen la intención de hacerse, otras tantas no podrán, porque se han pedido por encima de las posibilidades reales del sistema, hay muchas ‘sobrevenidas’» por no hablar de especulación o mercadeo.
Las posteriores «se encuentran en un limbo porque no se les aplica la Ley y por tanto no están sujetas a esos cinco años de caducidad, pero claro, hay una gran incertidumbre que provoca la paralización del sector», continúan las fuentes, «para las de 2014 ya se cumplen cinco años y no saben si ponerse a construir porque si se activa el RD, no les van a dar tiempo a terminar los proyectos. Así que prefieren esperar».
La tardanza en aprobarse el RD de Acceso y Conexión, para el sector, está paralizando la nueva construcción. «El gobierno aseguró que ese RD iba a estar antes de finalizar el año 2018 o como mucho a principios de este año, pero nada, y las elecciones generales han supuesto un parón que ha venido muy mal al sector», añaden, «y el Gobierno en funciones no está haciendo nada, nos consta que está dando vueltas al tema, cuando lo que pedimos es que se den prórrogas para que dé tiempo a todo».
Pero ¿qué ocurre si caduca el plazo del permiso? «Que se pierden los avales que se han depositado para ello», contestan las fuentes, «sin embargo hasta la fecha la Administración nunca se ha quedado con ellos, nunca los ha solicitado».
Pero ¿y si lo hace? Hasta el Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que se aprobó en octubre las garantías exigidas, es decir, los avales, eran de 10 euros el kilovatio instalado, pero se aumentó a 40 euros el kilovatio.
«Si se calcula cuántos megavatios hay solicitados hasta octubre de 2018 y cuántos se han solicitado a día de hoy, se podría saber la cifra de avales que podrían cobrarse si no se llegan a construir esas instalaciones», continúan las fuentes, «y aunque muchas de las solicitudes de punto de conexión tienen la intención de hacerse, otras tantas no podrán, porque se han pedido por encima de las posibilidades reales del sistema, hay muchas ‘sobrevenidas’» por no hablar de especulación o mercadeo.
Según datos de REE, las solicitudes para conectar a la red nuevas instalaciones renovables duplica toda la potencia prevista por el PNIEC hasta 2030 e incluso ya se habla de que en estos últimos meses podría haberse triplicado, hasta llegar los 147.300 MW con datos de este mes de junio.
«Es evidente que se ha despertado una especie de fiebre del oro en relación sobre todo a nueva fotovoltaica, y que el gobierno tendrá que hacer una legislación que sirva para limpiar el trigo de la paja, pero lo realmente preocupante es que aquellas solicitudes que en cinco años no consigan poner en funcionamiento un proyecto renovable, perderán sus garantías de depósito, es decir, que el Estado podría quedarse con los avales que se han entregado durante la solicitud», concluyen las fuentes, «estaríamos hablando de mucho dinero si la Administración hace uso de su derecho de quedarse con ellas».