Fuente: Cinco Días
El secretario de Estado de Energía manifestó en su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado que la reducción del umbral de aplicación de la Tarifa de Último Recurso de electricidad, conocida como TUR, no se llevaría a cabo mientras no estuviese absolutamente garantizada la libre competencia para el consumidor doméstico.
Desde ACIE compartimos esta preocupación, confirmada por las cuotas de participación de los comercializadores en el mercado. Así, en 2011, el 87,7 % del mercado seguía en manos de las cinco compañías tradicionales (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.On-Viesgo), mientras que en el segmento de baja tensión dicha cuota ascendía a un 99,6 %. ACIE coincide con lo manifestado recientemente desde el Ministerio de Industria respecto a la necesidad de tomar medidas que permitan competir, a todos los comercializadores, en igualdad de condiciones, tanto los independientes como los pertenecientes a grupos verticalmente integrados, de modo que esta mayor competencia redunde en beneficios para el consumidor final. Este contexto requiere de cambios tanto en los mercados eléctricos (a plazo, diario e intradiario y servicios de ajuste), como en las actividades de distribución y comercialización. Cuestiones sobre las que ACIE ha elaborado propuestas durante 2012 y 2013.
Centrándonos en los cambios a nivel minorista, los avances tecnológicos permiten el desarrollo de redes inteligentes que optimizarán el funcionamiento del sistema eléctrico y ofrecerán al consumidor final la posibilidad de decidir cuándo y cuánto consumir en función del precio. Para que ello sea posible, serán fundamentales la puesta en marcha de campañas de información a los consumidores, la accesibilidad de los comercializadores a la información registrada por los contadores inteligentes y la liberalización en su instalación, con el fin de impulsar su implementación.
Asimismo, resulta esencial que el sector eléctrico adapte el concepto de portabilidad, similar al de la telefonía móvil. De este modo, no se precisaría la intervención de la compañía distribuidora en un cambio de suministrador que no implicase variación en las condiciones de acceso a la red. Se convertiría en un simple trámite entre comercializadores con una interlocución meramente informativa con la distribuidora y que podría efectuarse en 24 horas. Igualmente, ACIE propone desligar el cambio de suministrador del proceso de toma de lectura real del punto de suministro, por ser esta la razón principal de los retrasos en el cambio de suministrador. En su lugar, debería utilizarse la estimación de consumos, al menos en la factura de cierre que conlleva todo cambio de suministrador, siempre y cuando el cliente estuviese conforme con ello.
Volviendo a las reformas anunciadas por el Ministerio de Industria, ACIE ha planteado que la liberalización del segmento de clientes TUR, cuando se efectúe, no siga el esquema de asignación gratuita de carteras masivas de clientes a los comercializadores previamente designados como ya ocurrió con anterioridad. En su lugar, propone que la reducción del segmento de clientes sea articulada a través de un esquema de adjudicación por subasta con pujas a la baja por el coste de comercialización, en el que participen todos los comercializadores habilitados para ello. El precio del suministro sería un precio de referencia calculado en base a los precios de los mercados (a plazo, diario e intradiario y de los servicios de ajuste del sistema).
Este proceso de subasta evitaría la consolidación de cuotas de mercado a favor de las compañías tradicionales y, lo que es más importante, daría a conocer a los consumidores las bondades de ser suministrado por otros comercializadores, sin haber tenido que decidir previamente con cuál contratar, y con el precio más competitivo posible. Todo ello sin perjuicio de la libertad del consumidor de contratar libremente en el mercado. El contexto actual requiere de un análisis profundo y la adopción de medidas que nos orienten hacia el sector eléctrico que queremos en el futuro. ACIE elabora propuestas que, puestas en común con el resto de implicados, pretenden mejorar las condiciones de la actividad de comercialización y estimular una mayor competencia que, indudablemente, redundará en beneficios para el consumidor de energía eléctrica.