La incertidumbre sobre el efecto que tendrá la reforma energética sobre la rentabilidad de las instalaciones renovables ha lastrado las cotizaciones del sector de ‘utilities’ en Bolsa, pese a que el Ibex se ha anotado una subida del 0,4%.
Los analistas advierten de que a pesar de que se garantiza un retorno razonable del 7,5%, no se especifica sobre qué activos se va a aplicar esa rentabilidad.
Así, los títulos de Acciona se vieron penalizados con una caída del 3,06%, seguidos por los de Red Eléctrica (-0,74%), Gas Natural (AMEX: EGAS – noticias) (-0,56%), ACS (Madrid: ACS.MC – noticias) (-0,48%) e Iberdrola (Madrid: IBE.MC – noticias) (-0,41%).
La firma JB Capital Markets advertía hoy de que «el miedo de los fondos es fundado». La casa de análisis afirma que «si la base de activos aún no está definida, el resultado de aplicar un retorno garantizado del 7,5% debería de ser todavía desconocido y, una vez definido, podría llevar al ahorro pretendido de 1.500 millones de euros o no».
De su lado, Merrill Lynch ha publicado hoy un informe sobre las ‘utilities’ de la Península Ibérica en el que baja la recomendación sobre Iberdrola (Other OTC: IBDRY – noticias) a «neutral» desde «comprar» y reduce el precio objetivo a 4,35 euros por acción desde 4,50 euros por acción.
El banco afirma que «a pesar del vuelco en el balance -con el apalancamiento mostrando una clara tendencia a la baja- y la sólida base de activos -que cada vez tiene mayor exposición al negocio regulado de fuera de España-, no prevemos ningún crecimiento sustancial del beneficio por acción, debido a los tributos en España y la dilución derivada de los programas de scrip dividend».
Precisamente, ayer los ministros de Industria y Energía, Juan Manuel Soria, y de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se reunieron en Nueva York con grupos de potenciales inversores para garantizarles que los cambios introducidos por la reforma energética darán seguridad y estabilidad al sistema eléctrico en el futuro, además de resolver el problema del déficit de tarifa.
Los inversores, que temen que la reforma reduzca el beneficio de las eléctricas, centraron gran parte de sus preguntas sobre el concepto de rentabilidad razonable que el Gobierno ha establecido para las energías renovables.