El Ministerio de Industria tiene la hoja de ruta clara para cerrar completamente la reforma energética el próximo trimestre. Para ello, el Ejecutivo espera aprobar en un par de semanas la reforma del gas cuyos cambios adelantó El Economista y pasará posteriormente a afrontar los ajustes necesarios en el mercado mayorista de la electricidad.
Los problemas que se han generado en el llamado mercado de restricciones han llamado la atención del Gobierno. Por este motivo, fuentes consultadas por El Economista aseguran que a finales de este mes estará listo ya un borrador para tramitar la reforma de los procedimientos de operación que permitan participar en este mercado a centrales que hasta este momento no podían acceder como las antiguas del régimen especial, lo que provocará un previsible abaratamiento de estos servicios.
Esta reforma mejorará a su vez los ingresos de este tipo de instalaciones, que ahora mismo estaban limitados a las grandes centrales de gas, hidráulicas y de carbón.
Sobrecostes de 500 millones
El Ministerio considera que ha habido un sobrecoste de 500 millones desde 2009 a 2012 y ha planteado la introducción de herramientas para impedir la utilización del mecanismo de restricciones para incrementar de manera artificial y anticompetitiva la retribución obtenida por las centrales.
El Gobierno además adaptará el funcionamiento del mercado mayorista a las normas que están elaborando los organismos internacionales para avanzar en el llamado precio único europeo. También prevé dotar de mayor liquidez a los contratos bilaterales del mercado de futuro y finalmente regular la hibernación de algunas centrales.
Industria considera que se debe tener en cuenta la competitividad del mercado, ya que puede darse el caso de que algunas compañías puedan disfrutar de una posición pivotal, es decir, que con un análisis de la demanda y una previsión meteorológica puedan saber cuál va a ser la tecnología que marque el precio un día y ajustar su oferta a estas situaciones.
Expediente de Competencia
De hecho, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha decidido cerrar tres expedientes que mantenía abiertos contra Gas Natural, Iberdrola y E.ON por una presunta manipulación para alterar el precio de la energía en el año 2011.
El organismo supervisor decidió abrir un expediente informativo el 22 de junio de aquel año por una aparente autoexclusión de una central de carbón de importación del mercado diario de electricidad y posteriormente lo fue ampliando en las sesiones del 29 de junio y 22 de septiembre de 2011 así como el 26 de julio de 2012.
De este modo, el consejo de la CNE decidió investigar a los propietarios de varios ciclos combinados y de centrales de carbón de importación. Concretamente, en el expediente se incluyó la central de Meirama ( Gas Natural Fenosa), la de Puertollano ( E.ON) y la de Guardo 1 (Iberdrola).
Tras varios años de investigación, el organismo regulador asegura en las tres resoluciones emitidas sobre este asunto que «pese a la existencia de indicios de que existió una manipulación fraudulenta de mercado, la Sala considera que, en el presente caso, durante los días objeto de imputación, las particularidades de la central de Meirama/ Guardo o Puertollano no permite excluir que su actuación pretendiese fines distintos de dicha alteración fraudulenta del precio del mercado diario de electricidad».
En las resoluciones a los que tuvo acceso elEconomista, las tres compañías habían presentado alegaciones al expediente.
Gas Natural, por ejemplo, indicó que se habrían producido defectos en el procedimiento sancionador, que el cálculo del supuesto beneficio de la compañía sería erróneo y que se habría infringido el principio de presunción de inocencia por ausencia de base probatoria y de proporcionalidad en la determinación de la sanción.
Iberdrola, por su parte, alegó prácticamente lo mismo, los defectos procedimentales, la falta de tipicidad, el cálculo del supuesto beneficio erróneo o el comportamiento de otras centrales y las alegaciones de E.ON también van en la misma línea. Las eléctricas aseguran que ya que la competencia para instruir el caso debía pasar de la anterior CNE al Ministerio de Industria, concretamente, al director de energía y la competencia de resolución a la CNMC.
Por ese motivo, la compañía que dirige Rafael Villaseca considera que «un eventual pronunciamiento de la Sala de Supervisión Regulatoria devendría nulo». Además, la compañía alegó que el procedimiento habría tenido una duración superior a la de un año legalmente previsto porque anteriormente hubo un expediente informativo.