El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha informado al Gobierno de Canarias de que los promotores eólicos del Archipiélago percibirán 84 euros por cada megawatio hora que produzcan sus aerogeneradores. El Ejecutivo central pretende que la reforma energética aprobada en julio esté a pleno rendimiento desde el próximo enero. El sector en las Islas ha recibido la noticia con división de opiniones, pero varias fuentes consultadas aseguran que el acuerdo permitirá la instalación de la práctica totalidad de los 440 megawatios de potencia adjudicados en el concurso de 2007.
Las complejas fórmulas contenidas en la orden ministerial que acompaña a la reforma tendrán que arrojar esos 84 euros según el compromiso de Nadal, confirmado por fuentes del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo que comanda José Manuel Soria.
«Con esa cantidad se instalarán más del 90% de los parques eólicos, por no decir todos», señaló el presidente de la Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico, Claudio Palmés. Su opinión no coincide con la del presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Ernesto Pérez, quien afirmó que con esa retribución «probablemente haya parques que no se monten».
Los inversores pedían que la producción de sus instalaciones recibieran 89 euros por cada megawatio hora y esa es la cifra que defiende Pérez. «Habrá que ver si esos cinco euros que quieren ahorrar no resultan más caros», señaló ante la merma en la producción de energía más barata y limpia que produciría la no instalación de toda la potencia adjudicada.
El tira y afloja mantenido entre Canarias y el Ministerio alcanzó la máxima tensión cuando Alberto Nadal se descolgó la pasada primavera con una oferta de 76 euros, cantidad que habría impedido la instalación de un solo aerogenerador. El propio ministro José Manuel Soria afirmó durante la presentación de la reforma eléctrica que se preveía un régimen específico para el Archipiélago con una retribución que se situaría en el entorno de los 85 euros, uno más de los finalmente acordados. En cualquier caso, los inversores prefieren esperar a ver por escrito la retribución. Además, estiman necesario que la orden ministerial retire la obligación a revisar la cifra cada tres años por los problemas que les crea a la hora de lograr financiación bancaria. Por contra, desde el ministerio se estima que esas revisiones no deben suponer un obstáculo si se articulan fórmulas que mantengan la rentabilidad del megawatio hora por encima del 7%.