Fuente: El Periódico de la Energía
Un estudio analiza las consecuencias para la industria electrointensiva de un precio del mercado eléctrico alto. Se analiza la influencia de la subida del precio del CO2 y los resultados de las subastas de interrumpibilidad en la competitividad de las empresas con un gran consumo eléctrico. El impuesto del 7% a la generación afecta a los productores y consumidores eléctricos y el gobierno debería suprimirlo.
En los procesos productivos de la industria electrointensiva, como su nombre indica, se consume una gran cantidad de electricidad. Por cada euro de producto elaborado, un porcentaje considerable del coste de producción proviene de la factura eléctrica. En este tipo de industria, aunque se empleen medidas de eficiencia energética, el consumo eléctrico forma parte intrínseca del proceso de producción. Las empresas de este grupo pertenecen fundamentalmente a los sectores de la metalurgia, la siderurgia, la industria química y de gases.
La subida de precios del mercado eléctrico tiene unas consecuencias muy negativas para la industria electrointensiva. Uno de los factores que ha influido en la subida de precios del mercado eléctrico ocurrida desde mediados del año 2017 ha sido la subida ininterrumpida del precio del CO2. El precio de los derechos de emisión de CO2 ha experimentado una subida desde unos valores de 5 €/t en junio del 2017 hasta los 26,38 €/t al cierre de este lunes 24 de junio, tomando como referencia los futuros de diciembre 2019. El precio de las emisiones de CO2 se ha multiplicado por cinco en dos años.
En un informe reciente, se estima que en los años 2017 y 2018, por cada euro que ha aumentado el precio de la tonelada emitida de CO2, el precio del mercado eléctrico se ha incrementado aproximadamente en 0,8 €/MWh. Esto es debido a que el mercado es marginalista y el precio de casación por lo general lo marca una tecnología térmica que tiene en cuenta el precio de producir con gas o carbón, es decir, teniendo en cuenta el coste del gas y del carbón más el coste de la tonelada emitida de CO2.
Las emisiones de CO2 son la causa principal del calentamiento global. Una de las principales preocupaciones de todos los estados debería ser cómo revertir esta situación. El mercado de derechos de emisión de CO2 se creó para estimular la producción renovable, principalmente fotovoltaica y eólica, y también para estimular la reducción del consumo no renovable, favoreciendo el autoconsumo. Con el mercado de derechos de emisión se penaliza la producción de cada tonelada CO2. Los países de Europa han adquirido el compromiso de ir reduciendo las emisiones de CO2 con planes cada vez más ambiciosos para el 2030, y para el 2050 ya se plantea una producción eléctrica totalmente libre de CO2. Se prevé que el precio de los derechos de emisión de CO2 siga subiendo como mecanismo de estimulación y penalización.
La industria electrointensiva está siendo afectada por el alto precio del mercado eléctrico. En enero, dos plantas de Alcoa han cerrado, afectando aproximadamente al 1% de la demanda eléctrica peninsular y cientos de puestos de trabajo están en juego.
Las subastas de interrumpibilidad que cerraron la semana pasada sitúan la retribución anual en 196 millones de euros, un 40% menos que en el 2018. En un comunicado publicado el martes 25 de junio por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), se menciona que este hecho agrava la pérdida de competitividad de las empresas con gran consumo eléctrico y piden medidas urgentes para resolver esta desventaja competitiva.
Otro aspecto importante a considerar en el sector eléctrico es el impuesto del 7% a la generación que el gobierno comenzó a aplicar de nuevo a partir del 1 de abril después de suspenderse durante seis meses. Se ha calculado que este impuesto ha aumentado el precio del mercado eléctrico español un 5,5% de media, pasando a ser uno de los más caros de Europa.
Y no sólo el impuesto del 7% a la generación, sino toda la carga fiscal de la Ley 15/2012, con el céntimo verde a los hidrocarburos y las tasas a la nuclear y la hidráulica, afectan tanto a los productores eléctricos nacionales como a los consumidores. Grupos de generación eléctrica provenientes del extranjero a los que no se les aplica esta fiscalidad entran en la casación del mercado diario y mercados intradiarios, desplazando a grupos españoles que están gravados con estas tasas. Todos los consumidores se ven afectados por el alza de precios del mercado eléctrico, pero especialmente la industria electrointensiva.
La situación de los grandes consumidores es crítica. Según los datos de la AEGE publicados en el comunicado, relativos a las empresas que pertenecen a la asociación, están en peligro unos 23 TWh de consumo eléctrico anual, 20 000 millones de euros de facturación y casi 200 000 puestos de trabajo. El gobierno debe tomar medidas lo antes posible.