Fuente: Expansión
El Gobierno ha recurrido a una astuta fórmula para esquivar la enorme polémica generada por el apagón de las centrales nucleares y de carbón. En lugar de obligar a un cierre forzoso en un plazo determinado -algo que siempre provocaría la ira de algún sector, especialmente en un año electoral- propone incentivar su cierre, dando a los propietarios un caramelo: más ventajas a la hora de obtener permisos para desarrollar renovables.
Permuta de permisos
Es un cambio de cromos en toda regla. Las eléctricas propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) podrán permutar los derechos de enganche a la red eléctrica que tenían esas centrales exactamente por los mismos megavatios (MW) en forma de permisos de renovables.
En el artículo 8 de Plan de Energía y Clima que plantea el Gobierno, se ha jugado con la argucia jurídica del «acceso y conexión a la red de electricidad». Se establece que «los titulares de instalaciones de producción cuya fuente de energía primaria sea fósil o termonuclear y, como resultado de un proceso de transición justa hacia una economía descarbonizada, sustituyan dicha tecnología por otras a partir de fuentes de energía primaria renovables mantendrán su capacidad de acceso equivalente». Es decir, si quitan 1.500 MW de una nuclear, en esa misma comarca tendrán derecho a poner mil MW de renovables. Es un bocado muy apetecible teniendo en cuenta que la carrera energética del futuro son las renovables y que, aunque el Gobierno quiere impulsarlas, la capacidad para meter nuevas instalaciones es limitada. Entre 2019 y 2030 habrá «procedimientos de concurrencia competitiva» para 3.000 MW al año. Si tras un tiempo la central nuclear o térmica no funciona por desacuerdo entre los socios, se perderá el permiso de conexión a la red.
El endeudamiento, a raya
En su nueva sintonía con la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Gobierno se ha hecho eco de las advertencias que ha lanzado en ocasiones este organismo sobre el peligro del alto endeudamiento de algunas energéticas con negocios regulados. El nuevo decreto establecerá mecanismos «para garantizar el nivel de endeudamiento adecuado que permita disponer de una estructura de deuda sostenible». Se deja en manos de la CNMV la metodología de retribución de las actividades reguladas y la vigilancia de «una deuda sostenible».