La Comisión Nacional de Energía (CNE) está ultimando una propuesta de tarifa eléctrica que ofrece un sistema de discriminación horaria a todos los consumidores con el objetivo de fomentar un consumo más eficiente, avanzó ayer Tomás Gómez San Román, consejero del regulador energético nacional, durante la ponencia «La sostenibilidad del sector eléctrico: retos y recomendaciones», que impartió en la charla organizada por la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI.
En España, la demanda eléctrica se gestiona «bastante mal» al existir enormes diferencias entre los periodos de más consumo (punta) y baja demanda (valle), indicó el experto.
Asimismo, Gómez San Román explicó que el modelo en el que trabajan los especialistas de la CNE persigue limitar los costes regulados recogidos en la tarifa a dos, el transporte y la distribución eléctrica, que son «los únicos que deberían estar» en los peajes, y que se distribuirán en función de los niveles de tensión contratados. Fuentes de la entidad que preside Alberto Lafuente creen que el Consejo de Administración de la CNE aprobará previsiblemente esta propuesta a mediados de mayo para, posteriormente, someterla a consulta pública.
La tarifa de transporte y distribución se regirá también por el sistema de discriminación horaria, con objeto de fomentar la eficiencia, es decir, que será más barata por la noche, cuando es más económico producir, y más cara durante el día. Esto garantizará una «discriminación mínima», incluso aunque los consumidores contraten con sus comercializadores un precio fijo del componente energético —que supone la otra mitad de la factura eléctrica— para todas las horas del día, según detalló el responsable de la CNE.
En la actualidad, todos los consumidores eléctricos pagan en su factura los denominados «peajes de acceso», con los que se retribuyen los costes regulados, que abarcan el transporte, la distribución, las primas al régimen especial, las ayudas al carbón, los pagos por capacidad o la interrumpibilidad, entre otros conceptos.
En cuanto a los costes regulados no recogidos en la mencionada tarifa de transporte y distribución, pasarían a considerarse costes de mercado y, por tanto, tendrían que reflejarse en esa parte de la factura.
Incertidumbres sobre la supresión del déficit tarifario
Otro de los temas tratados ayer por Gómez San Román en su discurso en las jornadas especializadas fue el déficit tarifario, sobre el que existen «incertidumbres muy importantes» acerca de que el Gobierno logre que se deje de generar en 2013, afirmó el consejero del regulador.
Las previsiones para este año reconocen un desfase entre los ingresos y los gastos del sector energético de 5.600 millones de euros, según publicó recientemente la propia CNE en su liquidación provisional número 14 de 2012 y verificaciones practicadas del sector eléctrico. Y el Gobierno espera cubrir ese desajuste y lograr el equilibro de las cuentas gracias a partidas extraordinarias —un crédito de 2.200 millones de euros, pasar los sobrecostes extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado y la dedicación de los ingresos por subastas de CO2 a financiar las renovables—.
Sin embargo, el consejero desconfió de que esas partidas vayan a lograr el equilibrio del sector, dado que se trata de unos «volúmenes económicos muy importantes» en un contexto de caída de la demanda. «Veremos a ver qué pasa», subrayó.
Gómez San Román recordó que el déficit de tarifa —que se genera porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes y que al cierre de 2012 acumulaba una deuda superior a 28.000 millones de euros— es «un problema muy grave» que, de no resolverse, pondría en peligro «la continuidad del sistema».
El coste de los intereses de esta deuda ascendió este año a unos 2.600 millones de euros y es «una anualidad que vamos a seguir pagando durante catorce o quince años», apuntó el responsable de la CNE.
Mayor transparencia
A pesar de ello, a su juicio la solución del problema es «bastante sencilla» y consiste en encontrar el equilibrio presupuestario a través de una reducción de costes y un incremento de los peajes —la parte de la tarifa eléctrica con la que se pagan las actividades reguladas—. En ese sentido, señaló que «hace falta un debate más transparente» al respecto, porque en la actualidad «es un debate de grupos de interés».
Según denunció, «hay una continua interferencia política para fijar las tarifas» eléctricas, con el objetivo de que no suban, lo que se tradujo en una insuficiencia de peajes. Al mismo tiempo, consideró que la estabilización de los costes es «una lucha contra las empresas», que pretenden tener cada vez más beneficios, mientras que los consumidores «no podemos seguir pagando la factura».
San Román abogó por limitar las inversiones en nuevas redes de transporte, que actualmente «no son necesarias», y por que las interconexiones solo se construyan cuando estén justificadas económicamente.
Respecto a las primas al régimen especial (renovables y cogeneración), apuntó que «es otro de los aspectos que más ha crecido y hay que hacer algo», ya que, por ejemplo, la solar termoeléctrica va a duplicar sus ingresos este año respecto a 2012.