La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado de que a lo largo de todo el 2012 recibió y gestionó un total de 11.025 reclamaciones acerca de las facturas eléctricas, que se convirtieron en «uno de los principales problemas para el consumidor».
Pese a que la casuística es muy variada, los principales motivos de queja suelen estar relacionados con la dificultad para interpretar la factura y la confusión que genera en el consumidor.
Esta confusión se originó con el inicio del proceso de liberalización, momento en el que los consumidores empezaron a tratar con dos compañías, con la distribuidora y la comercializadora. Ambas «se pasan la pelota» de la responsabilidad y el consumidor duda de cuánto y a quién paga, explican desde la asociación.
«Durante el transcurso de los años, la situación no mejora», lamentan los técnicos de la organización, que advierten que los nuevos cambios sobre la facturación bimestral abren un nuevo periodo de incertidumbre.
Otro de los caballos de batalla a los que se enfrentó la asociación de consumidores durante el año pasado fueron los abusos de las eléctricas, entre ellos, el hecho de que algunos comerciales se presenten en los domicilios con «supuestas fabulosas ofertas», cuando su verdadera pretensión es obtener la firma del cliente para que abandone la tarifa regulada y salga al mercado.
Asimismo, los profesionales de la OCU también recibieron numerosas quejas porque las empresas no informan de que el servicio de mantenimiento no es obligatorio, así como por la emisión de facturas estimadas excesivas o muy bajas porque la compañía no toma la lectura desde hace tiempo.
Ante estas situaciones, desde la asociación insisten en recomendar que se llame al servicio de atención al cliente de la compañía comercializadora y que, si no se soluciona la incidencia, se presente una reclamación por escrito en una de las oficinas de la misma.
En caso de que después de realizar estas gestiones se continúe sin solucionar el asunto, lo más adecuado es que el usuario solicite el arbitraje de consumo, sugieren los expertos de la OCU, lo que habrá de hacer mediante una comunicación oficial ante la Dirección General de Industria y Energía y ante la Dirección General de Consumo de su comunidad autónoma. Por último, se puede acudir a juicio sin necesidad de abogado ni procurador si el importe es inferior a 2.000 euros.
Desde la entidad encargada de velar por los derechos de todos los consumidores, también se pidió en 2012 la puesta en marcha con urgencia de contadores de gas y electricidad con gestión a distancia, lo que evitaría realizar la necesaria la lectura presencial de los consumos. Además, también reivindicaron una «competencia real y efectiva entre las diferentes compañías».