Fuente: El Periódico de la Energía
La crisis energética está teniendo graves consecuencias no solamente en los precios que pagan consumidores y empresas en sus recibos de luz sino también en el propio entramado empresarial del sector, que vive un momento muy difícil, y que podría desembocar a corto plazo en la creación de consumidores “de primera”, con buenos precios energéticos, y “de segunda” que no podrán evitar precios mucho más altos.
Esto es lo que denuncian las comercializadoras independientes integradas en ACIE, más de una veintena de las mayores comercializadoras de luz y gas del país salvo las cuatro grandes.
“Por si esto fuera poco, las posiciones de fuerza de las grandes empresas del oligopolio eléctrico están conduciendo a un deterioro de la libre competencia sostenida por las comercializadoras independientes y la consiguiente pérdida de la libertad de elección de los consumidores a largo plazo”, denuncia la Asociación en un comunicado.
Estas razones han llevado a la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) a promover un manifiesto que denuncia la situación y avanzar soluciones para un sector estratégico como es el de la energía.
El objetivo de este manifiesto es hacer llegar la gravedad de la situación al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en una reunión con la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.
Desde ACIE se lamenta la falta de atención por parte del Ministerio que dirige Teresa Ribera, ya que, aunque desde la asociación de comercializadoras independientes se ha tratado de fijar una reunión con su departamento, las fechas se han ido posponiendo y cancelando de forma continuada por parte del gabinete de la ministra.
El manifiesto de ACIE quiere también concienciar a los consumidores sobre los riesgos que existen para la desaparición de la competencia en el mercado eléctrico. Una situación que supondría un retroceso inaceptable de muchos años en la liberalización del mercado.
Uno de los más graves problemas que denuncia el manifiesto, y que afecta al sector, es el injustificado incumplimiento del Real Decreto-Ley 17/2019 que prevé que un 25% de la energía obtenida por tecnologías baratas, como la nuclear o las renovables, deba ofrecerse obligatoriamente en el mercado mayorista.
Esta Ley no se está aplicando, pese a que estaba prevista su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Ante la amenaza de esta obligación, los grupos dominantes han tratado de esquivar la ley mediante contratos bilaterales con sus propias comercializadoras, sustrayendo la energía más económica del mercado y dañando gravemente la libre competencia.
Reservar la energía barata únicamente para un sector de clientes con contratos bilaterales supone que para el resto de los consumidores, habitualmente los domésticos y más pequeños, solo queda disponible la energía más cara, creándose así clientes “de primera” y “de segunda”, denuncian las comercializadoras independientes.
En la práctica, las grandes empresas del sector aprovechan la energía barata que producen para captar nuevos clientes del mercado libre mientras que aquellos clientes que ya están dentro de esas compañías renuevan sus contratos a precios más altos de los que se utilizan en la captación.