El último Consejo de Ministros sacó adelante el viernes pasado el anteproyecto de ley que recoge un préstamo de 2.200 millones de euros al sistema eléctrico procedente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para garantizar su suficiencia económica en 2013 y evitar subidas de la tarifa eléctrica, según anunció el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El titular gubernamental explicó en la rueda posterior a la reunión del equipo de Gobierno que «solo había dos opciones: subir los peajes, lo que se traduciría en un incremento adicional de la tarifa, lo que fue descartado por el Gobierno, o introducir medidas temporales de carácter excepcional, como este crédito».
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que «hay un incremento de los costes del sistema eléctrico y una caída de los ingresos por el menor consumo».
Ante este escenario, el crédito persigue «cubrir una parte de los costes de las primas del régimen especial», donde están incluidas las ayudas a las tecnologías renovables y a la cogeneración, a través de una «transferencia específica» procedente de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), añadió el ministro.
De esta forma, «se cumple con la pretensión de que el desajuste no vaya a la tarifa, sino a los PGE», continuó Soria, quien también aclaró que el «crédito extraordinario» se ajusta a la disposición adicional de la Ley de PGE de 2013. Esta establece que cada año se podrán destinar a la tarifa eléctrica recursos públicos procedentes de los nuevos impuestos al sector y hasta 450 millones de los ingresos de las subastas de CO2.
Cabe apuntar que las previsiones del Ejecutivo con la nueva normativa energética pasan por lograr alcanzar una recaudación mayor gracias a los impuestos aprobados de alrededor de 2.921 millones de euros en 2013, apuntó Soria, lo que, sumado a los 450 millones de las subastas de CO2, resulta insuficiente para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. He ahí el motivo por el que se articula el préstamo.
En este sentido, las renovables cobraron en 2012 un total de 6.102 millones de euros en ayudas públicas, un 18,4% más que en el mismo periodo del año anterior, según la liquidación provisional publicada la semana pasada por la CNE. Mientras que el conjunto de las tecnologías que forman parte del régimen especial —renovables, cogeneración y residuos— recibieron a lo largo de 2012 primas por valor de 8.518 millones de euros, el 19,5% más.
Hace dos semanas, el Ejecutivo dio luz verde al Real Decreto-Ley 2/2013, que implica un nuevo recorte de los ingresos tanto de las compañías eléctricas tradicionales como de las renovables y que ha levantado una ola de protestas entre los afectados.
El texto normativo reforma, por un lado, la manera en que se calcula la actualización anual de los costes de las actividades reguladas (transporte de electricidad, distribución, costes extrapeninsulares y primas), ya que a partir de ahora, dicha actualización no se realizará en función del IPC general, sino que se vinculará a la inflación subyacente (la de los productos menos volátiles, todos menos energía y alimentos elaborados) y a precios constantes. Según el cálculo oficial, esta medida permitirá un ahorro al sistema eléctrico de entre 330 y 340 millones de euros.
Y, además, el RD-L 2/2013 obliga a las compañías de energías renovables a elegir a qué tipo de retribución quieren acogerse. Hasta ahora, las compañías podían elegir entre una tarifa fija regulada y un precio de mercado sin prima, y se acogían a la que más rentable le resultaba en cada momento. Pero el Ejecutivo les hace optar de forma definitiva entre una de las dos fórmulas de retribución. Un cambio que, en función de cuántas compañías se acojan a uno u otro sistema, permitiría un ahorro de entre 250 y 500 millones de euros.