Fuente: Expansión
El grupo metalúrgico Alcoa está haciendo saltar chispas en el sector eléctrico e industrial. Sus presiones para lograr más subvenciones a través de lo que se conoce como interrumpibilidad han levantado suspicacias entre otros grandes grupos industriales, entre ellos Ferroatlántica, que temen un trato de favor por parte del Gobierno a ese fabricante americano de aluminio.
Ferroatlántica, sociedad controlada por el empresario Juan Miguel Villar Mir dedicada a la fabricación de ferroaleaciones, ha transmitido al Ministerio de Industria su disposición a iniciar medidas legales si detecta un trato de favor hacia determinados grupos, a costa de recortar lo que puedan recibir otros por la interrumpibilidad, un sistema con el que un total de 150 empresas se están disputando ahora 550 millones de subvenciones.
Fuentes de Ferroatlántica confirmaron ayer que se han dirigido a Industria a través de una carta de su presidente, Pedro Larrea. En la misiva se ofrece la máxima colaboración al Gobierno para abordar nuevos contratos de interrumpibilidad y se pide un trato «justo y equitativo» a todo el sector. La carta llega en un momento de máxima tensión provocada por las presiones que está ejerciendo Alcoa en solitario para lograr más contratos de interrumpibilidad.
Este sistema es el mecanismo mediante el cual Red Eléctrica (REE), el gestor del sistema eléctrico, puede obligar a grandes grupos industriales a desconectarse de la red si existe sobrecarga. A cambio, esos grupos industriales reciben una compensación anual. Aunque la interrumpibilidad lleva años sin usarse, su coste es millonario. En 2013, llegó a 740 millones, levantando suspicacias en Bruselas por supuestas ayudas de Estado.
Los problemas empezaron cuando, con la reforma eléctrica, el Gobierno se propuso reducir esa compensación. Para 2014, la interrumpibilidad se recortó hasta los 550 millones. Para 2015, Industria, a cuyo frente está José Manuel Soria, apostó por un mecanismo de subastas a la baja para adjudicar contratos al mejor postor. De esta forma, se podría recortar aún más el coste y, de paso, se ahuyentaría el fantasma de las ayudas de Estado.
REE, grupo presidido por José Folgado, celebró una primera subasta en noviembre, adjudicando 2.000 megavatios por 350 millones. En principio, esa subasta debía ser suficiente. Pero Alcoa, cuya filial en España está presidida por Rosa García Piñeiro, no tardó en reaccionar, amenazando con despidos en dos de sus instalaciones, La Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias), al perder competitividad.
Alcoa fue el principal adjudicatario de esa subasta con unos 100 millones. Pero es menos que los 200 millones que, se calcula en el sector, llegó a cobrar en 2013, ó los 150 millones de este año. Mientras que otros grandes grupos aceptaban el juego de la competencia de una subasta que, desde el punto de vistas técnico fue impecable, Alcoa activó toda su artillería institucional para lograr más.
Desempleo
Atizando el fantasma del desempleo y la deslocalización, logró movilizar a su favor a los gobiernos autonómicos y locales, hasta forzar una segunda subasta. REE tiene previsto celebrarla la próxima semana, previo informe de Competencia, que está a punto de aprobarse. En principio, se convocará por un valor de entre 160 ó 180 millones de euros.
El temor entre algunos grupos industriales es que técnicamente se diseñe una subasta propicia para que la acapare Alcoa, troceándola en los lotes que encajan con sus instalaciones. El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, dijo ayer que es Industria el que tiene «en sus manos» la supervivencia de la planta avilesina de Alcoa.
Mientras tanto, otros grupos se arman con datos que cuestionan a Alcoa. Según estadísticas que se manejan en el sector eléctrico, Alcoa consume alrededor del 20% de los 30.000 gigavatios que usan las 150 industrias interrumpibles, pero recibe un 27% de pagos por ese servicio.