El Gobierno dará un nuevo golpe al bolsillo. Los contratos de compraventa o
de arrendamientos celebrados a partir del próximo 1 de junio deberán contemplar
una novedad: la certificación energética, es decir, una etiqueta que clasifica
las viviendas según su consumo desde la A (menor consumo) a la G (categoría más
baja y que aglutinará a los edificios de mayor consumo).
Previsiblemente, el Consejo de Ministros aprobará hoy viernes un Real Decreto sobre
este asunto, tal como anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante
el debate sobre el estado de la nación, pero el sector aún espera que se
retrase alguna semana más.
El precio de este certificado no está marcado sino que se regirá por el
mercado. Cada técnico tendrá que valorar el trabajo en función del tipo de
inmueble y del desplazamiento que le suponga.
El precio puede variar
En Europa el precio varía desde Alemania, donde se pagan 550 euros por
certificar un piso de 100 metros cuadrados, o Italia, donde para este mismo tipo
de vivienda el precio del certificado es de 250 euros.
Esta normativa igualará a España con el resto de países de la Unión
Europea, aunque está pendiente de aprobación desde el pasado enero y en un
año ya se han redactado tres borradores diferentes, lo que ha generado una gran
incertidumbre en el sector y el riesgo de un expediente sancionador de
Bruselas.
Hace tres semanas, el Ministerio de Industria presentó un nuevo texto en el
Consejo de Estado que incluye algunas modificaciones importantes, como la
definición de los técnicos habilitados para suscribir uno de estos certificados
(arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos). Otros
cambios relevantes pasan por diferenciar entre tres tipos de certificados de
eficiencia energética según el estado del inmueble y el técnico que los
suscribe. Además, esta etiqueta debe incluir recomendaciones de mejora. También
se mantiene la obligación de que se incluya en toda oferta, promoción y
publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio.
Certicalia, la plataforma de certificación, considera que los cambios son
positivos porque se marca una fecha concreta (1 de junio de 2013) » un plazo
realista y abarcable para las administraciones».