Los protagonistas de la reforma eléctrica continúan trasladando al Gobierno en los distintos foros en los que participan sus consideraciones y valoraciones sobre las medidas regulatorias sacadas adelante recientemente y que les han afectado de manera muy negativa, con recortes muy considerables.
En este sentido, el presidente de la patronal de las grandes eléctricas (Unesa), Eduardo Montes, cuestionó ayer la razón por la que su sector tiene que «financiar un déficit» que, a su juicio, no ha sido «creado» en su mayoría por las eléctricas y del que el Estado está pagando «menos de lo que debería corresponder por ley».
Estas declaraciones fueron realizadas por el representante de las ‘utilities’ nacionales poco antes de participar en un curso sobre el nuevo modelo energético en España organizado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, en el que Montes se preguntó ante la audiencia de periodistas congregada: «¿Por qué tenemos que financiar un déficit que no hemos creado en su mayoría? Si la solución de un déficit que teníamos que financiar en nuestras cuentas de resultados significa que lo paguemos, no sé si es mejor financiarlo y tenerlo ahí, en lugar de que nos obliguen a pagarlo. No estoy muy de acuerdo con las aseveraciones del ministro de Industria en ese sentido», añadió el ejecutivo.
Además de este asunto, Montes hizo referencia al reciente recorte al sector eléctrico aprobado por la nueva normativa por valor de 2700 millones de euros y que considera «desproporcionado» e «injusto» en comparación con el pago que deberán asumir los consumidores (500 millones) y el Estado (900 millones). Según el presidente de Unesa, «el Estado, por ley, tendría que hacerse cargo de las compensaciones por generar energía en las islas para que todos los españoles paguemos el mismo precio por la energía, pero en vez de asumir los 1800 millones de euros que suponen los costes extrapeninsulares, solo pagará la mitad, 900 millones», lamentó el ejecutivo de la patronal.
Asimismo, recordó que las medidas del Gobierno «representarán» para las compañías integradas en su Asociación «unos 4000 millones de euros», aunque, según reconoció, «son previsiones». También reiteró que, a su juicio, dichas medidas pueden tener como «consecuencia» una disminución «espectacular» en la «capacidad de inversión», así como «en el empleo» dentro del sector eléctrico, aunque aseveró que, a pesar de que la «impresión es mala», aún deben «analizar a fondo» las medidas.
España debería apostar por la «tecnología renovable» en el sector «fotovoltaico» porque, a diferencia del «eólico», en el que son «líderes», en el fotovoltaico se han «limitado» a «importar paneles de todas partes» y se han olvidado del producto español, añadió Montes. «Yo quiero ser líder en tecnologías, pero no en implantación. Nos hemos convertido en líderes en instalaciones al precio más alto y, sin embargo, nos hemos olvidado de la tecnología, ámbito en el que debemos ser líderes de verdad para garantizar nuestro futuro», recalcó.
Por su parte, durante la clausura del curso, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, y Miguel Antoñanzas, presidente de E.ON España, coincidieron en la idea de que en España es necesario implantar un «modelo energético sostenible», cuyo objetivo sea el «ahorro». De la Serna destacó que la capital cántabra es un «ejemplo» de «ciudad inteligente», en la que existe un «despliegue real» de «áreas de ahorro energético», con la intención de ofrecer «mayores prestaciones a los ciudadanos».