La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha hecho pública su postura ante la reacción que las principales patronales del sector español de las energías renovables han tenido tras conocer las recientes medidas aprobadas por el Gobierno en materia energética. Según defienden desde la entidad que preside Eduardo Montes, las asociaciones sectoriales han tenido una reacción «absolutamente desproporcionada».
Cabe recordar que la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER), la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) convocaron la semana pasada una rueda de prensa para explicar de forma conjunta la grave situación que atraviesa su sector como consecuencia de los últimos pasos dados por el Gobierno en materia regulatoria. Así, sus responsables aseguraron sentirse «estafados por Industria», por la «política de acoso y derribo» que está llevando a cabo contra las renovables, y avanzaron que piensan emplear todas las vías que estén a su alcance para luchar contra esta estrategia.
Por su parte, desde Unesa apuntan que las organizaciones renovables aseguran que el déficit de tarifa no es más que «un problema puntual, que se ha generado en pocos años», cuando se trata de «uno de los principales problemas que tiene la economía española. Es una deuda contraída por los consumidores españoles que, a día de hoy, asciende a 30.000 millones de euros y que empezó a acumularse hace ya más de diez años. Hasta ahora, los únicos que han financiado esa deuda, cargándola sobre sus propios balances, han sido las empresas de Unesa, cuando es preciso recordar, una vez más, que dicha deuda se genera principalmente por las primas que cobran las energías solares a través de la factura eléctrica, que en 2012 alcanzaron casi 8.500 M€», subraya el comunicado divulgado desde la asociación que aglutina a las principales «utilities»españolas.
Adicionalmente, las integrantes de la patronal eléctrica hacen hincapié en que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa habían repercutido principalmente sobre sus asociadas. De hecho, explican que el Real Decreto Ley 13/2012 de 30 de marzo «ya supuso un recorte de la actividad de distribución (a pesar del enorme esfuerzo inversor desarrollado en esta actividad en los últimos años), de los pagos por capacidad, a las centrales obligadas a quemar carbón nacional y a la generación extrapeninsular de cerca de 1.000 millones de euros».
«El Real Decreto Ley 20/2012 redujo 100 millones de euros adicionales por varios conceptos a las mismas compañías», continúa la nota. «Además, la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética estableció una serie de tasas a la generación eléctrica en las que las tecnologías “tradicionales” son doblemente gravadas. Esto, junto al resto de medidas adoptadas, supone un impacto económico anual para las empresas de alrededor de 3.200 millones de euros», contabilizan los técnicos de Unesa.
Desde la óptica de la asociación de las “utilities” nacionales, con las medidas anunciadas el pasado día 1 de febrero, «se toman medidas que afectan a todos los costes regulados en general y, además, se racionaliza el acceso, o bien a tarifa, o bien a mercado sin prima, evitando un arbitraje que penaliza a la tarifa y, por tanto, a los consumidores. Este Real Decreto Ley hace que no solo las «tecnologías tradicionales» tengan que soportar la imprescindible reducción del déficit de tarifa».
«Llama poderosamente la atención la reacción absolutamente desproporcionada de las asociaciones solares, principales causantes del déficit de tarifa, al ver modificados los mecanismos por los que se les actualizan sus cuantiosas primas, en una situación límite para la economía española», añade el texto difundido.
«Merece la pena recordar que el Tribunal Supremo, en diferentes sentencias, ha avalado la necesidad de que las subvenciones que reciben estas energías, como cualquier otra actividad regulada, se adecúen a las circunstancias de la economía que concede dichas subvenciones. A pesar de lo cual, las tarifas que perciben estas instalaciones aún no se han visto modificadas. De igual modo, las compañías que actúan en el libre mercado están sometidas a las vicisitudes del mismo», finaliza la comunicación distribuida por Unesa.