El cambio climático y el aumento imparable de la demanda energética hacen resurgir la polémica sobre la energía nuclear cada cierto tiempo. Es el eterno dilema: las centrales nucleares emiten muy poco CO2 a lo largo de su ciclo de vida, pero la gestión de los residuos radiactivos sigue siendo el gran problema, sin olvidar catástrofes como las de Chernóbil, hace ahora 30 años, y más recientemente, en 2011, la de Fukushima.
En España el debate nuclear no está ni mucho menos cerrado. Y Santa María de Garoña, propiedad de Nuclenor, participada al 50% por Iberdrola y Endesa, está en el centro de esa controversia. El periodo de funcionamiento de las centrales no tiene un plazo fijo. Las autorizaciones de explotación se renuevan periódicamente tras la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la concesión del Ministerio de Industria.
Actualmente, todas las centrales tienen un periodo aprobado de funcionamiento de diez años, y será entre 2020 y 2024 cuando deba producirse la próxima renovación. De ahí la relevancia de la ampliación o no de la vida útil de Garoña, la más antigua, que empezó a operar a mediados de 1971 y que está parada desde diciembre de 2012 por decisión de la empresa propietaria, ya que sentará un precedente para que las demás centrales también puedan prolongar su vida útil de los 40 años actuales a los 60.
Para Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, Garoña es el primer pulso de la industria nuclear para intentar prolongar la actividad de estas instalaciones hasta los 60 años. “Lo que se está debatiendo no es tanto la reapertura de Garoña como que se extienda la vida de las centrales y, por otro lado, que el CSN otorgue permisos de más de 10 años”.
“Siempre hemos defendido que no se trata tanto de acotar la vida de una instalación como de garantizar, en todo momento, la seguridad de su operación y su viabilidad económica”, señalan desde Iberdrola, aunque su presidente, Ignacio Sánchez Galán, se comprometiera ante los representantes de los trabajadores de la empresa a cerrar Garoña.
En cualquier caso, subraya la compañía, “todas las tecnologías son necesarias para satisfacer la demanda eléctrica con un parque de generación eficiente y sostenible económica y medioambientalmente. La tendencia mundial es a ampliar el periodo de explotación hasta, al menos, los 60 años”.
Por su parte, Endesa también considera que la vida útil de las centrales podría ampliarse, “sobre la base de garantizar los necesarios criterios técnicos, de seguridad y de viabilidad económica”. Y, en el caso concreto de Garoña, indica que se encuentra a la espera del informe técnico del CSN.
“Una vez que el CSN emita su informe, Nuclenor analizará sus consecuencias, en términos de viabilidad técnica y económica, y adoptará una postura definitiva sobre el futuro de la central, teniendo en cuenta todos los factores que influyen en ella, entre ellos, la elevada carga fiscal que grava actualmente a las centrales nucleares españolas y el desfavorable entorno de precios”, concluye Endesa.
La UE no tiene una posición común
La mitad de los 28 Estados miembros de la Unión Europea tiene centrales nuleares en operación que, en conjunto, producen el 30% de la electricidad que se consume en la UE.
Hay 131 reactores funcionando y 4 más se encuentran en fase de construcción: dos en Eslovaquia, uno en Finlandia y otro en Francia, según Foro Nuclear.
La UE no tiene una postura única sobre el futuro de la tecnología nuclear. Mientras Alemania se ha comprometido a suprimirla en 2022, Francia propone que las centrales puedan operar más allá de los 40 años de vida útil. En el mundo, el 11,5% de la electricidad es de origen nuclear.
Una parada que cuesta cinco millones de euros mensuales
El parque nuclear español está formado por ocho reactores en seis emplazamientos que en 2015 generaron el 23,3% del total de la producción eléctrica del país, según Foro Nuclear. “La situación energética y medioambiental de España y la necesaria descarbonización de nuestra economía requieren del mantenimiento y la operación a largo plazo de nuestro parque nuclear”, señala este organismo. Y añade: “Constituye una estrategia acertada para cumplir con los aspectos del desarrollo sostenible, ya que garantiza la independencia y diversificación del abastecimiento, ayuda a la mitigación del cambio climático y mejora la competitividad económica del sistema eléctrico”.
Para Endesa, avanzar de manera eficaz para conseguir un sistema energético descarbonizado en 2050, como se plantea en el marco del COP21, “requiere una fase transitoria en la que puedan ser aprovechadas todas las tecnologías energéticas maduras y competitivas, como la nuclear, para asegurar la transformación progresiva hacia un nuevo sistema basado plenamente en las energías renovables”.
La decisión final, además de política, será económica, afirma Fernando Sanz, responsable de energía de March JLT. “La compañía propietaria tiene que invertir más de 100 millones de euros en la adecuación de Garoña”. Por otro lado, “el CSN ha dado el visto bueno a las medidas adoptadas por Nuclenor para su reapertura. Pero hasta julio no tomará una decisión sobre la viabilidad técnica de esas medidas”, indica el directivo.
El mantenimiento de Garoña en standby durante tres años y medio ha supuesto 200 millones de euros a sus propietarios, según Sanz. Además, el coste mensual es de cinco millones de euros entre personal, mantenimiento, seguridad…
Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, resume: “Lo que hemos visto desde 2012 es un tira y afloja en la reforma del sector eléctrico, cuyo principal fin era eliminar el déficit de tarifa. Y uno de los elementos vitales era la introducción de un impuesto sobre la gestión de los residuos radiactivos. El PP había prometido la continuidad de Garoña y las grandes empresas usaron Garoña como un rehén en la negociación”.