Fuente: El Periódico de la Energía
La fiscalidad ambiental en España, en la que se incluye la fiscalidad energética, tiene por delante muchos deberes que hacer, entre ellos el de simplificar y homogeneizar los impuestos sin incrementar su carga. Según el libro ‘La Fiscalidad Energética’ presentado en Naturgy por el inspector de Hacienda Juan Carpizo y la abogada Eugenia Montaña, esta fiscalidad está perjudicando especialmente al sector energético, “que se ha visto discriminado ya que sobre él recaen la mayor parte de los tributos sin que se graven por lo mismo al resto de sectores productivos de nuestra economía”.
Según sus autores, “si tenemos presente el doble objetivo de la tributación, el medioambiental y el recaudatorio, y analizamos todos los impuestos que existen sobre el sector de la energía, no resulta fácil determinar la relevancia de uno sobre otro, atreviéndonos a afirmar, si analizamos los elementos cuantitativos de estos impuestos, que el objetivo recaudatorio prevalece sobre el medioambiental“.
De hecho, “esto es así hasta tal punto que concluimos que no podemos encontrar ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente”.
Los impuestos a los que se refieren los autores son casi innumerables. Solo en el ámbito estatal, se incluyen impuestos como el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE); el Especial sobre la Electricidad; el Especial sobre los Hidrocarburos; el Especial sobre los Hidrocarburos, Gas natural y biogás; el céntimo verde que grava el uso del gas natural; otro igual para el biogás además de otro del carbón; el canon hidráulico (Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica); el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos; el Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados; y el más conocido de todos, el IVA.
Pero la tributación no se queda ahí. El mapa de la fiscalidad energética se complica con los impuestos ambientales autonómicos, que llegan a ser más de 60, y que según el libro estos impuestos “han podido afectar a la competitividad de las instalaciones de generación situadas en éstas e impactar sobre los consumidores de electricidad de todo el territorio español”.
Incluso advierten de que muchos de ellos pueden entrar en conflicto con los tributos estatales, “pudiendo llegar a casos de doble imposición”. Eso sin contar con los impuestos locales, de cada ayuntamiento, que hacen todavía más costoso el consumo de energía en el país.
“En términos generales, los cánones e impuestos sobre instalaciones y actividades que inciden en el medio ambiente gravan elementos que se asume que están relacionados con el daño ambiental”, sin embargo, los autores advierten que “en ningún caso estos tributos estiman esos daños que se quieren corregir y se han desvelado como incapaces de alterar el comportamiento de los agentes contaminantes”.
Especialmente criticables son el canon eólico, donde se abona en algunas comunidades autónomas como Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y Léon y en otras no. “Resulta contradictorio que algunas Comunidades Autónomas califiquen de contaminantes los parques eólicos cuando se trata de energías renovables cuyo fomento se pretende desde la UE”. En cualquier caso, la desmedida proliferación de impuestos en todas las regiones, y de lo más diversos, generan gran inseguridad jurídica y desigualdad.
Y todo ello a pesar de que “según Eurostat, España está en el puesto cuarto por la cola de los países europeos en función de los impuestos ambientales que paga“. Según datos de 2015, su recaudación representa el 1,9% del PIB, de los cuales el 84% son energéticos, mientras que la media en la UE es del 2,4% de los cuales el 77% son energéticos. Pero estos datos hay que cogerlos con piezas, “si se observa el ranking se puede observar el caso paradójico de Grecia que está entre los primeros países que más tributación medioambiental paga pero en realidad responde a la obligación de cumplir con el déficit tras ser intervenido”, explica Eugenia Montaña, autora del libro y abogada especialista en Derecho Tributario, Fiscalidad de la Energía y Derecho de la Unión Europea.
Por eso creen que es preciso que se regule y se organice esta maraña tributaria. Esta falta de coordinación y armonización entre impuestos estatales, regionales y locales, está provocando que, como consecuencia final, “se trasladen directamente en el recibo de la electricidad”, del gas o de cualquier producto energético.
Fiscalidad en la UE
Si falta homogeneidad en España, cuando se abre el prisma a Europa, el problema es aún mayor. “La fiscalidad ambiental europea se rige por cuatro principios: cautela, prevención, corrección de la contaminación en su fuente y quién contamina paga”, explica la abogada, “si bien al inicio de la formación de la Unión Europea se hablaba de política y no de fiscalidad, siempre se ha tratado ésta como un instrumento para alcanzar esos objetivos”.
El problema, en opinión de Eugenia Montaña, es que “en general en Europa se aprueba todo mediante un sistema de mayoría cualificada, pero en fiscalidad debe ser por mayoría absoluta, porque no podemos olvidar que las circunstancias de Alemania no son iguales a las de España, o éstas a las de Rumania, lo que dificulta aún más su armonización”.
En definitiva, “a pesar de los avances que se han realizado en la UE, en materia de fiscalidad ambiental y energética, aún queda camino por recorrer”. La falta de acuerdo entre los Estados miembros por miedo a perder autonomía es una de las razones. Por eso piden, que si no es posible una fiscalidad armonizada, sí debería estar “coordinada”.