El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), José Manuel Soria, explicó ayer en el Congreso de los Diputados que no ha sido posible la concesión de la prórroga de un año de la autorización para explotar la central nuclear de Santa María de Garoña solicitada por Nuclenor para mantener en situación de parada la instalación atómica y, posteriormente, iniciar de nuevo su actividad porque su Departamento ha tenido que cumplir con el procedimiento administrativo establecido por ley, lo que, unido a la falta de tiempo para cumplir los plazos legales, ha hecho inviable el otorgamiento de la ampliación del plazo de la licencia.
Según especificó el titular ministerial durante la sesión de control al Gobierno que tuvo lugar ayer en la cámara baja, se han seguido todos trámites establecidos en el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas, y adelantó que Industria «deberá declarar mediante orden ministerial el cese definitivo de explotación de la central».
Dicha orden será aprobada, previsiblemente, antes del 6 de julio, día en que concluye el plazo de la actual autorización de explotación del reactor burgalés, que fue renovada en 2009 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero por un plazo de cuatro años. Sin embargo, esa orden podría no conllevar el cierre definitivo de la planta nuclear, dado que, legalmente, Nuclenor (empresa titular de la instalación cuyo capital está controlado al 50 % por Endesa e Iberdrola) puede solicitar tras ella una nueva autorización de explotación, tal y como advirtió la consejera socialista del Consejo de Seguridad Nuclear, Cristina Narbona.
Por su parte, los responsables de Nuclenor aún no han anunciado oficialmente esta opción, pero fuentes del sector afirman que el Consejo de Administración de Nuclenor celebrado el pasado viernes, sabedor del ya inminente cese definitivo, manifestó que la situación «no es irreversible».
En este sentido, el propio ministro dejó ayer una «puerta abierta», como la definió el presidente del comité de empresa de Nuclenor, César González Arin, al indicar que «no obstante, se está analizando la situación en relación con los aspectos de la regulación de ese cese definitivo y de explotación de las centrales nucleares, ya que el final de la operación se produce por razones distintas a las de garantizar la seguridad nuclear y se basa única y exclusivamente en razones económicas».
La tramitación de la orden incluye la remisión de la documentación del expediente a las tres comunidades afectadas (País Vasco, Castilla y León y La Rioja), algo que ya se ha hecho, según avanzó ayer Soria, quien realizó este anuncio ante los presentes en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado del PNV, Pedro Aizpiazu. Este solicitó en nombre de su grupo el cierre de Garoña, igual que hizo recientemente el Parlamento vasco, y consideró que las razones económicas que adujo en su momento Nuclenor son una mera excusa.
Cabe recordar que los integrantes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) advirtieron en los informes hechos públicos el pasado mes que «las solicitudes que supongan ir más allá de 2019 requerirían, en principio y de acuerdo con las autorizaciones vigentes, la presentación de la documentación con tres años de anticipación a la fecha de concesión de la autorización». Así pues, habría que esperar tres años a un dictamen del CSN, una vez presentada la solicitud. Si Nuclenor, en cambio, solicitara una nueva autorización hasta 2019, el regulador daría respuesta en un año.
Acerca de este aspecto, fuentes del sector consideran que el Minetur podría modificar estas exigencias temporales del CSN y obligar a este organismo a informar sobre una posible autorización por diez años en un plazo menor a un trienio. Asimismo, estas mismas fuentes sostienen que técnicamente es viable dar respuesta en un plazo menor de tiempo, durante el que la central continuaría parada.
Por su lado, el comité de empresa de Nuclenor suspendió el pasado mes las reuniones de la mesa negociadora y es sabido que el proceso de recolocación de casi un centenar de trabajadores ha quedado paralizado hasta conocer el detalle del texto de la orden ministerial que dictaminará el cese definitivo y ver cómo se suceden los acontecimientos. De momento, Nuclenor mantendrá a sus cerca de 300 trabajadores más allá del 6 de julio y a buena parte de los empleados de sus empresas subcontratadas, con algunas de las cuales ha fijado reuniones en julio y agosto. Trabajadores de la central señalaban ayer que seguían «a la espera y con incertidumbre».