El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha reconocido recientemente que, en «muchos supuestos», se producen pactos de precios entre las petroleras, y ha adelantado que uno de los objetivos de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, ahora en trámite parlamentario, es, precisamente, dificultar ese tipo de acuerdos.
De hecho, tras ser preguntado en una entrevista en la Cadena Cope por el hecho de que las estaciones de servicio de una misma ciudad suelen presentar los mismos precios, el titular ministerial explicó que «eso es lo que hace pensar al Gobierno y a los órganos reguladores —la Comisión Nacional de Energía (CNE), que las expedientó, y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), que esta semana las inspeccionó)—que, en muchos supuestos, se producen ese tipo de acuerdos», en alusión a los pactos de precios.
En este sentido, recordó que, «al fin y al cabo, el 85 % del mercado de carburantes está dominado por cuatro grandes operadores», y que el conocido como «efecto lunes» se da, precisamente, el día que los precios se comunican a Bruselas, por lo que parece llamativo que coincida esta situación con la bajada de los precios, cuando los días siguientes estos «suben». Esa «evidencia empírica» existe, aseguró el portavoz de Industria.
Ante este escenario, Soria aseveró que para evitar este efecto, el Gobierno introdujo cambios en la Ley General de Hidrocarburos (actualmente en trámite parlamentario) con la finalidad de generar más competencia en el sector de la venta de carburantes, para que haya más operadores y para que se dificulte la posibilidad de que lleguen a acuerdos de precios, «que son prácticas que están prohibidas», incidió.
Según el ministro, la entrada de más operadores hará que estos, en vez de poder llegar a supuestos acuerdos, tengan que competir más, de lo que previsiblemente se derivará «una minoración en los precios» y un «mayor control» de los mismos.
Por otra parte, el máximo responsable del Minetur señaló que «en España, antes de la fiscalidad, el precio del combustible está por debajo de la media de la Unión Europea, pero una vez que se le añade la fiscalidad, está por encima, lo que quiere decir que la diferencia está en los márgenes empresariales de las petroleras», subrayó el ministro.
Precisamente, la Comisión Nacional de la Competencia anunció este miércoles que está llevando a cabo inspecciones en varias compañías petroleras y en una asociación sectorial ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas de coordinación en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustible de automoción en estaciones de servicio españolas.
La polémica sobre los precios de los carburantes en nuestro país continúa siendo portada en los grandes diarios nacionales. Y es que las noticias sobre los diferentes “hitos” alcanzados por este sector son, cuando menos, llamativos y, por descontado, de gran interés para los consumidores.
En este sentido, la semana pasada se produjo un hecho que hasta ahora no se había dado en España: los impuestos aplicados a los carburantes alcanzaron por vez primera la mitad del precio de venta al público de la gasolina de 95 octanos. En concreto, según los datos aportados por la Comisión Europea, llegó al 50 %, mientras que para el gasóleo se mantuvo en el 45 %.
Cabe apuntar que tras las últimas subidas de impuestos (el IVA que grava los carburantes pasó del 18 % al 21% en septiembre), una gran mayoría de comunidades optó por aplicar el recargo máximo del “céntimo sanitario”; por otro lado, la bonificación a los biocombustibles (la ley establece un porcentaje mínimo de mezcla), que desapareció el 1 de enero de 2013, también ha influido considerablemente en este incremento progresivo.
Bruselas quiere que la fiscalidad española de los carburantes se iguale a la de la UE
Sin embargo, a pesar del mayor peso de los gravámenes en el aumento experimentado por el precio de venta al público, la fiscalidad que se aplica en España a los carburantes está lejos de la media europea, situada en el 57 % en el caso de la gasolina de 95 octanos (siete puntos porcentuales más que en nuestro país) y en el 50 % en el diésel (cinco puntos más).
Lo que proponen los responsables de Bruselas es que la fiscalidad española se equipare a la del resto de sus socios comunitarios. Con los actuales precios medios de venta al público (1,437 euro por litro de gasolina y 1,348 por litro de gasóleo), esa subida impositiva dispararía los precios de venta al público un 7,5 % de media. El litro de gasolina de 95 octanos se encarecería un 9 % y llegaría a los 1,56 euros, mientras que el de gasóleo aumentaría su precio un 6 %, hasta los 1,43 euros. Eso sí, el cumplimiento de estos datos está supeditado a que se dé un entorno de cotización del crudo a la baja. El del barril de Brent, de referencia en Europa, se ha estabilizado en torno a los 100 dólares (ayer cerró a 102,19 dólares, 0,24 dólares menos que el miércoles), pero cualquier inestabilidad geopolítica que afecte a alguna zona productora o un repunte del consumo por parte de los países emergentes podría presionar al alza la cotización internacional e incrementar aún más el precio de venta al público en España.
España descarta cambiar impuestos
Por su parte, el Ejecutivo español descarta modificar por el momento los impuestos, ya que cuenta con un margen de nueve meses, a pesar de que la CE ha pedido a los responsables españoles que realicen cambios para marzo de 2014. Pero la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy se debe a que consideran que un impulso del precio podría dar la puntilla a un consumo de hidrocarburos que está bajo mínimos, en gran medida por el repunte imparable del desempleo y las malas perspectivas económicas.
Conviene recordar que, a finales de 2012, el consumo se desplomó en España un 6,1 % y bajó a niveles que no se registraban desde 2002. Esa tendencia, lejos de contenerse, se ha agravado en el primer trimestre de este año, con caídas del consumo que en algunos casos han sido de dos dígitos.
Por su parte, los datos correspondientes al consumo generado en abril, que previsiblemente se conocerán hoy mismo y que han sido elaborados por los expertos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), podrían ofrecer un escenario positivo o, al menos, menos negativo, según apuntó recientemente el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Así las cosas, lo que parece que no variará es que llenar el depósito será más caro en España. A pesar de las subidas de impuestos, el precio de venta al público sigue siendo muy inferior en nuestro país que en otros Estados miembros como Alemania, Francia o Italia.