«Será una reforma que fundamentalmente influirá en los aspectos regulatorios, por lo que afectará al conjunto de actividades reguladas del sector», aseveró el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ante los medios de comunicación antes de su reunión con los representantes de la Alianza por la Excelencia Turística (Exceltur). Las novedades definidas afectarán «al transporte, la distribución, los sistemas insulares y extrapeninsulares, las primas del régimen especial y todo lo que tiene que ver con el componente del coste del sistema», aseguró el titular ministerial.
«Hay que disminuir el déficit de tarifa y el déficit solo puede recortarse mediante el aumento de los ingresos, la disminución del coste o por la combinación de ambas medidas», precisó el portavoz gubernamental.
Estas declaraciones refuerzan los mensajes que el propio ministro y otros dirigentes de su equipo han ido lanzando en distintos foros a lo largo de los últimos meses y que siempre tienen un denominador común: el objetivo prioritario del Minetur es acabar de una vez por todas con el déficit tarifario, desfase que sufre el sistema eléctrico porque los ingresos son insuficientes para cubrir los gastos y que supera los 28 000 millones de euros, lo que «puede ser un problema peor que el financiero», explicó Soria recientemente.
A su juicio, «de no ponerle solución, y al ritmo de aumento de 9000 millones anuales, tendríamos un problema más importante que el propio del sistema financiero», insistió el ministro en un encuentro de verano organizado a principios de mes por la Fundación Faes.
Allí mismo subrayó que las medidas en las que trabaja el Gobierno «afectarán a consumidores, administraciones públicas y al conjunto de los operadores», y «serán difíciles», pues «no hay problema complicado que no se pueda afrontar con medidas fáciles», añadió optimista el representante del Ejecutivo.
Según Soria, España tiene «unos costes energéticos más elevados que en otros países, lo que resta competitividad a nuestra industria. Ello se debe al «complejo problema» del déficit de tarifa del sistema eléctrico, «que arranca de viejo». El problema «puede resumirse en que los consumidores, tanto domésticos como industriales, estamos pagando en la factura eléctrica lo que no deberíamos pagar, y además, estamos pagando por algunos conceptos más de lo que deberíamos», incidió Soria.
Por su parte, varias patronales de renovables, entre ellas la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), la Asociación Nacional de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar) y la Unión Nacional Fotovoltaica (Unef) han pedido al Gobierno que con esta reforma «corrija un mercado que se muestra totalmente ineficaz» y no cargue únicamente contra los costes regulados, en los se incluyen las primas a las tecnologías de generación ‘limpias’.
Las asociaciones demandan que se lleve a cabo «una auditoría en profundidad e independiente» de todos los costes que influyen en la factura eléctrica y que las medidas que se planteen no se dirijan solo a los costes regulados —entre los que también se cuentan la retribución al transporte o la distribución eléctrica—, sino sobre el coste de la energía.
Cada una de estas partidas, costes regulados y energía, son las que conforman la tarifa eléctrica que pagan todos los consumidores y cuyos ingresos han resultado insuficientes para cubrir los costes reconocidos al sistema.