El ministro de Industria, José Manuel Soria, quiere atar en corto a las eléctricas y garantizar el buen funcionamiento de las subastas en las que se fija el coste de la luz. Al punto que ha introducido modificaciones significativas en el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados con el fin de ampliar las infracciones graves en caso de que un operador maniobre para manipular al alza el precio de la electricidad. La comisión de esas malas prácticas puede suponer a las compañías multas de hasta seis millones de euros.
El anteproyecto de reforma eléctrica que manejaba el sector incluía 30 infracciones graves, cifra que se elevó hasta 35 en el texto que Industria remitió finalmente a la Cámara Alta para su aprobación. Las incorporaciones, todas ellas recomendadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), inciden en proteger el buen desarrollo de la subasta eléctrica. Por ejemplo, entre ellas se contempla como falta “la presentación de ofertas con valores anormales o desproporcionados con el objeto de alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”.
La CNE estimaba que era necesario fijar correctamente los “tipos infractores” para que la instancia competente, la flamante Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pueda supervisar las subastas de manera efectiva. En esta línea, también se añade como infracción grave “la manipulación del precio de los servicios de ajuste por parte de un agente del mercado mediante la realización de ofertas a precios excesivos, que resulten dispares de forma no justificada de los precios ofertados por el mismo en otros segmentos del mercado de producción”.
Una torre de alta tensión.
Según explican fuentes del sector, “la relación con la subasta es evidente y es de las pocas cosas en las que el Ministerio ha hecho caso a la CNE”. Para reforzar la idea, se incorpora un reglamento europeo sobre integridad y transparencia del mercado mayorista que considera infracción grave “la manipulación de mercado también en fase de tentativa, uso de información privilegiada o falta de difusión de información privilegiada”. Como explicaba el supervisor, el objeto de la medida es evitar las “prácticas abusivas” y “garantizar la transparencia y competencia (…) incluyendo el nivel de los precios al por mayor y velar por que las empresas de gas y electricidad cumplan las obligaciones de transparencia”.
Multas de 60 millones
Las nuevas adiciones legales refuerzan una idea que ya estaba presente en el anteproyecto de ley, que incluía como infracción muy grave “cualquier manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica por parte de cualquier sujeto, así como la inexactitud o falsedad de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que suponga una alteración del mercado de producción o, en su caso, despacho de producción”. La cuestión no es baladí, en tanto las sanciones por esta contravención genérica podrían llegar a los 60 millones de euros, todo un varapalo para cualquier compañía.
Como publicó El Confidencial, y una vez planteado el grueso de la reforma eléctrica, la intención de Soria y su secretario de Estado, Alberto Nadal, pasa por reformar en profundidad el mercado mayorista de la electricidad. Una revisión de envergadura en tanto el pool eléctrico marca el precio de la luz y determina la mitad del recibo. Es más, el Ministerio quiere evitar en esta ocasión cualquier atisbo de opacidad y estudia poner en marcha una fórmula novedosa. Y es que Industria no sólo prevé realizar una ronda de conversaciones con el sector, sino que elevará el tiro y planteará una consulta pública a los consumidores.
“La idea de Industria es poner en marcha un grupo de trabajo en el que estén presentes los supervisores, esto es, el Omel [Operador del Mercado Eléctrico], Red Eléctrica (REE) y la nueva CNMC. A partir de su informe, se plantearán diferentes escenarios y un plan de opciones, que se someterá a consulta”, explican estas fuentes. Nadal ha insistido en la necesidad de reformar el mercado mayorista para adaptarlo a las actuales condiciones de oferta, marcadas por un exceso de capacidad de generación y por la masiva entrada de renovables, un modelo que perjudica claramente a la térmica y, sobre todo, al gas, en esencia a los ciclos combinados.