El ministro de Industria, José Manuel Soria, se reunirá hoy en Bruselas con el comisario de Energía, Günther Oettinger, con el objetivo de discutir sobre las dudas que tiene el Ejecutivo comunitario sobre la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno español y su impacto en el sector de las renovables.
La Comisión «todavía está examinando la conformidad de las reformas del sector eléctrico españolas adoptadas en julio de 2013 con la legislación europea primaria y secundaria, con el fin de adoptar medidas adicionales de la UE si resulta apropiado», según ha explicado a Europa Press la portavoz de Energía, Marlene Holzner.
En concreto, el Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno español que «preste especial atención a garantizar que las medidas empleadas para eliminar el déficit de tarifa no afecten negativamente al clima de inversión en el sector energético de España». «En particular, garantizar un buen clima para la inversión en energías renovables es importante no sólo para España sino para la UE en su conjunto», ha resaltado la portavoz.
La reunión de Soria con Oettinger se produce tan sólo días después de que el Gobierno haya decidir retirar una aportación de 3.600 millones de euros de los presupuestos a las eléctricas, prevista en la reforma de julio para corregir el déficit de tarifa, con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit público.
Las eléctricas europeas reclaman un nuevo marco para las renovables
Los responsables de 12 de las principales compañías eléctricas europeas insistieron anoche al comisario de Energía, Günther Oettinger, en la necesidad de coordinar el mercado europeo basado en la seguridad de suministro, precios reales y un nuevo marco regulatorio para la energía renovable. Asimismo, reclaman más flexibilidad en los objetivos del mercado del carbono y el establecimiento de objetivos realistas de emisiones de gases de efecto invernadero más allá de 2020.
Sobre las renovables, las eléctricas (las españolas Gas Natural Fenosa e Iberdrola, las italianas Enel y Eni, las alemanas E.ON y RWE, la francesa GDF Suez, la holandesa GasTerra, la checa CEZ, la sueca Vattenfall, la finlandesa Fortum y la austriaca OMV) le transmitieron a Oettinger que no se oponen a esa energía, sino que quieren participar en el desarrollo de tecnologías avanzadas. En ese sentido, reclaman incentivar la inversión en tecnologías prometedoras (nuevas energías renovables, almacenamiento, captura de carbono, uso de contadores inteligentes…) y una remuneración justa a los activos productivos.
Las empresas critican los cambios legales con efectos retroactivos por dañar la confianza y, más importante, invitan a la Comisión a no validar este tipo de medidas cuando tengan que aprobarlas en el marco de las normas de ayudas de Estado. Esta frase se puede interpretar como un mensaje dirigido a cortocircuitar la reforma energética aprobada por el Gobierno español. Bruselas también ha criticado en varias ocasiones la adopción de normas con efectos retroactivos.
Las empresas, que entregaron un documento de 10 páginas al comisario, piden que el mercado refleje los precios de forma real y que estén coordinados. Subrayan que el 56% de la factura que se paga en Europa no proviene de la generación de energía o las redes, sino que responde a decisiones políticas erróneas, como impuestos y primas, que hace que Europa no sea competitiva con EE UU.
Las empresas han reiterado que se reconsidere el cierre de plantas de ciclo combinado, que afecta, según sus cifras, a unos 50.000 megavatios de potencia, que podría duplicarse en los próximos meses. A ello se añade la petición a que se considere el shale gas (obtenido con la técnica del fracking) como nueva fuente de energía.