Antoni Peris, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigas), ha asegurado en una entrevista reciente que los cálculos elaborados por los técnicos de su entidad prevén que el impacto que tendrá este año el llamado ‘céntimo verde’ al gas, que grava el consumo de esta materia prima, será de 500 millones de euros.
Por este motivo, el directivo ha pedido al Gobierno que estudie la eliminación de la tarifa de último recurso en el gas tal y como está concebida, ya que esos 500 millones de euros son la aportación del sector del gas a la reducción del déficit de tarifa eléctrico.
A ojos de Peris, el sector del gas «no debería contribuir a arreglar» un déficit del que no es responsable, y ha recordado que el ‘céntimo verde’ repercute sobre los grandes consumidores industriales (que pagan el tipo reducido, de 0,15 euros por gigajulio) y también sobre los clientes domésticos y comerciales, entre otros, que pagan el tipo general, de 0,65 euros por gigajulio.
Y es que este impuesto «encarece la energía» y afecta a la competitividad del gas, explica el ejecutivo, quien también ha llamado la atención sobre la precaria situación de los ciclos combinados en España. Para evitar que la infrautilización que están sufriendo estas instalaciones repercuta drásticamente en su rentabilidad, Peris se muestra partidario de establecer un «mínimo» grado de utilización de estas centrales, especializadas en la transformación de la energía térmica del gas natural en electricidad.
Los casi sesenta ciclos combinados que hay en España tuvieron el año pasado un grado de utilización medio del 19 %, y en abril de este año, entre un 8 y un 9 % de su capacidad.
Así las cosas, Peris entiende que parecería «lógico» que se fijara un mínimo grado de funcionamiento para estas instalaciones, porque este tipo de infraestructuras gasistas son fruto «de la planificación» del Gobierno y «una vez hechas se tienen que pagar».
En este sentido, durante la entrevista concedida a EFE subrayó que debe asegurarse que los ciclos combinados puedan garantizar el suministro eléctrico cuando «no haya viento o sol». Por ello, el portavoz de la patronal considera que la nueva reforma energética que prepara el Gobierno debería tener en cuenta «el impacto sobre el sector gasista» de las decisiones que se han tomado para atajar el déficit eléctrico.
Por otra parte, Peris opina que la tarifa de último recurso en el gas natural, la mayoritaria entre los ciudadanos, debería «eliminarse» y sustituirse por una «libre», que permitiera recoger los «costes reales» del sistema.
A juicio del responsable de la Asociación, hay una «competencia real» en el sector del gas, y por ello la eliminación de la TUR «no tendría que tener ningún impacto» sobre el precio final que paga el consumidor doméstico.
Por otra parte, el sector gasista mantiene conversaciones con el Gobierno para que se le permita expandir los usos del gas natural en sectores como el transporte (como combustible para grandes buques, por ejemplo) o bien en instalaciones como las calderas, como alternativa a las de gasoil.
En cuanto al déficit de tarifa gasista, la diferencia entre los costes y los ingresos del sistema, defendió, es meramente «coyuntural» y supuso 310 millones el año pasado.
Por otra parte, avanzó que es previsible que la demanda de gas natural por parte del mercado convencional, formado por la industria y el sector doméstico y comercial, acabe el año con un 2 % de crecimiento.