La propuesta de Real Decreto sobre la actividad de distribución remitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur) a la Comisión Nacional de Energía (CNE) establece un límite del 0,12 % del PIB para las inversiones anuales en nuevos activos de distribución.
En este sentido, en el artículo 13 del documento se indica que «el volumen de inversión anual susceptible de ser considerado para la retribución de la actividad de distribución por el sistema eléctrico del año no podrá superar el 0,12 % del PIB del Estado español previsto por el Ministerio de Economía y Competitividad para el año».
Según defiende el Ejecutivo, esta medida tiene la finalidad de contener las inversiones en distribución en un momento condicionado por la necesidad de acabar con el déficit de tarifa. Así, para este año, y tras la reforma energética, desde el Minetur se prevé que el coste de la distribución descienda de 5253 millones de euros a 4905 millones de euros.
El preámbulo del Real Decreto explica que «el nuevo modelo introduce un límite máximo a la inversión reconocida anualmente con dos años de anterioridad a la percepción de la retribución debida a estas actuaciones». De esta forma, se contará con una «previsión razonable» de la evolución de los costes.
Sobre este tope a las inversiones, el propio borrador normativo remitido al regulador de los mercados energéticos españoles fija los «hechos imprevistos» y las «causas económicas» que podrían obligar a la revisión del volumen máximo. Entre ellos, aparecen un crecimiento anual de la demanda total eléctrica durante más de tres años consecutivos superiores al 100 % de lo estimado o un decrecimiento de la demanda durante más de dos años consecutivos superior en un 50 % a la previsión.
También condicionarán los topes circunstancias como un crecimiento en el PIB durante más de dos años consecutivos superior en un 50 % al calculado o un decrecimiento en el PIB durante dos años consecutivos superior en un 50 % a la previsión.
El borrador fija también unas auditorías para los activos de distribución y obliga a las compañías que ejercen esta actividad a presentar anualmente ante la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un informe de cumplimiento de sus planes de inversión.
La propuesta de Real Decreto también indica que en los últimos años se produjo un aumento en el fraude y en los robos de energía eléctrica en la cadena de distribución, por lo que se pone en marcha un nuevo incentivo para que las empresas combatan estas prácticas, ya que son las titulares de las redes y las encargadas de las lecturas.
El incentivo a la reducción del fraude de la empresa podrá alcanzar el 0,5 % de la retribución sin incentivos de dicho año. Esta cuantía podrá ser modificada mediante orden del Minetur.