El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha asegurado que «la empresa es consciente de la complejidad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas en el contexto actual y de ahí la firma de acuerdos con comunidades autónomas y ayuntamientos en España para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y de gas a los usuarios económicamente vulnerables. En breve plazo estará protegida la totalidad de los clientes de nuestra compañía pertenecientes a este colectivo».
Iberdrola ya protege a más del 90% de sus clientes residenciales de la suspensión del suministro eléctrico o de gas por impago de la factura, al amparo de los convenios firmados con Administraciones Públicas y ONG o del procedimiento puesto en marcha por la compañía en 2015 para la protección a clientes vulnerables, lo que ratifica su compromiso con los ciudadanos económicamente más desfavorecidos de nuestro país.
En esta línea, desde el pasado mes de julio, Iberdrola ya ha firmado 22 convenios con comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG para la protección de estos clientes: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra y Aragón, por un lado; Bilbao, Castellón, Vitoria, Alicante, Valencia, Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Almassora, Elche, Cáceres, Logroño, Torrevieja y Talavera de la Reina, por otro; y, finalmente, Cruz Roja de Murcia y Cáritas de Murcia.
En esta línea, cabe destacar que la empresa mantiene negociaciones en curso con el resto de las comunidades autónomas y numerosos consistorios españoles de cara a extender dicha protección, a la mayor brevedad posible, a la totalidad de sus clientes domésticos en España.
La protección, que ya alcanza a casi 6,69 millones de clientes residenciales de un total de 7,4 millones (90,4%), es de aplicación a todos aquellos que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.
Esta firme apuesta de Iberdrola, en el marco de su compromiso con los principios de solidaridad y servicio a la comunidad, responde a la aprobación y aplicación en 2015, de un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país.